Jesús Alberto Cano

Colegio Nacional de Economistas

Jesús Alberto Cano

30 Oct, 2018

Tendencias migratorias en América Latina y el Caribe

En el marco de la masiva migración centroamericana hacia Estados Unidos, pasando por México, resulta útil revisar algunas cifras de Naciones Unidas sobre las tendencias migratorias intrarregionales de los últimos años.

Según informes de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL (2015 a 2017), hasta la década de 1990, la principal corriente migratoria se daba desde los países del Caribe, México y Centroamérica, hacia Estados Unidos. Esta tendencia empezó a variar en las últimas dos décadas, mostrando que la migración en América Latina y el Caribe se ha transformado en un fenómeno intrarregional.

A partir de ese entonces, la migración aumentó marcadamente y España ganó gran importancia como país de destino, al tiempo que otras naciones desarrolladas de Europa Occidental y Oriental, Australia, Canadá y Japón comenzaron a destacar en el mismo sentido.

Posteriormente, la crisis financiera de 2008 tuvo efectos significativos en las economías de los países desarrollados y produjo una reducción del flujo y el número de migrantes latinoamericanos a varios de estos países. Simultáneamente, se inició una importante tendencia al retorno que, en el caso de México, se tradujo, en sólo unos pocos años, en un saldo neto negativo de la migración a Estados Unidos.

Una parte de estos flujos migratorios se reorientó hacia destinos internos de la región y sólo recientemente se ha recuperado la tendencia migratoria extrarregional. Otra de las particularidades de la región radica en que algunos países son receptores netos de migración, principalmente de migración intrarregional.

Diversos factores explican el incremento de la movilidad intrarregional: políticas restrictivas de ingreso y acceso a la residencia en países desarrollados, crisis económicas en Estados Unidos y Europa, así como más oportunidades laborales y marcos normativos menos restrictivos en la región.

La estimación de Naciones Unidas para el presente quinquenio indica que la tasa de migración neta de la región Latinoamericana y del Caribe es de -0.5 por cada mil habitantes, lo que significa que prevalece la migración. El Caribe es la región más expulsora de población, con una tasa de -2.8 por cada mil, mientras que Centroamérica y América del Sur presentan tasas de -0.7 y -0.2, respectivamente.

En cuanto al volumen, se calcula que, para el quinquenio 2015-2020, el saldo migratorio negativo será de más de 1.6 millones de personas, de las cuales 600 mil serían correspondientes al Caribe, 600mil a Centroamérica y 450 mil a América del Sur.

El número de latinoamericanos que viven en Estados Unidos, en Europa y en países de América Latina y el Caribe, distintos de los de su nacimiento, continúa siendo muy grande, como se desprende de la proporción de población emigrada de los países de la región con respecto a la población residente en ellos.

Según datos de la División de Población de las Naciones Unidas (Naciones Unidas, 2017), en 2015 había más de 30 millones de latinoamericanos y caribeños viviendo fuera de su país: uno de cada tres caribeños, uno de cada 10 centroamericanos y uno de cada 40 sudamericanos.

La migración de grandes volúmenes de población suele modificar el tamaño de las poblaciones de origen y destino, al menos en el nivel local y, afectar la estructura por edad, generalmente a través del descenso de la población económicamente activa, lo que puede repercutir en la duración del bono demográfico de los países tanto de origen como de destino.

Entre los efectos económicos de la migración destacan el aporte de las remesas de los emigrantes a las comunidades de origen, el papel de los emigrados y retornados en la incorporación de capacidades empresariales y tecnologías, y la contribución a la reproducción social y económica de las sociedades de los países receptores.

Ante este escenario, las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) desempeñan un papel clave dado que pueden establecer sinergias con el quehacer gubernamental en cada espacio nacional y en sus agrupaciones regionales y subregionales, en materia de la defensa de las personas migrantes.

En México, la capacidad de incursión  política de las Organizaciones de la Sociedad Civil ha cobrado relevancia generando espacios de incidencia en la política migratoria mexicana, redundando en instancias ciudadanas de las entidades gubernamentales.

La cuestión migratoria ha devenido en uno de los temas de interés centrales de la región latinoamericana; un fenómeno creciente en el que todos los países, sin excepción, enfrentan enormes desafíos. La actuación conjunta del gobierno y las OSC constituye apenas un paliativo en la atención de este lacerante problema, que por su dimensión requerirá de acuerdos graduales y de gran calado entre países emisores y receptores de corrientes migratorias. 

*Economista

Twitter: @acanovelez

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