Que Hacienda no renuncie a ingresos, como los de Pemex

Los centros de pensamiento e investigación económica están preocupados. Les preocupa la situación financiera que está dejando el presidente López Obrador, que si bien mantuvo una austeridad republicana durante casi cinco años, en el último año del gobierno ha dejado atrás la disciplina fiscal. No sólo eso. La situación tiende a empeorar. El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), México Cómo Vamos, México Evalúa, que son organizaciones con un seguimiento puntual de la actividad económica, piden no empeorar las finanzas públicas.

Al déficit público, que este año ya va a ser el más elevado de la administración, del orden del 5.4% del PIB, todavía se le está agravando con dejar de cobrar derechos a Pemex.

O, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda, a cargo de Rogelio Ramírez de la O, se había mantenido con buena disciplina fiscal, pero ahora ha roto la “regla de oro de la deuda”. La deuda contratada no va dirigida a la inversión física, sino al gasto corriente.

Tan sólo en el 2023, por cada peso de endeudamiento (visto a través de los Requerimientos Financieros del Sector Público), sólo 65 centavos fueron a financiar la inversión física.

• PIDEN AL CONGRESO FIJAR CONTROLES PARA NO RENUNCIAR A INGRESOS

Los centros de estudios le piden al Congreso, de plano, fijar controles al gobierno (Hacienda) para que no pueda renunciar a ingresos públicos, como fue la reciente renuncia de cobrarle a Pemex sus derechos, a través del Derecho de Utilidad Compartida (DUC). Por lo que ya hay afectaciones en el presupuesto de estados y municipios. Por eso también le piden al Congreso establecer medidas para compensar los ingresos y el gasto federalizado si hay renuncias recaudatorias, como la del DUC.

También solicitan condicionar la enorme ayuda a Pemex, pero, a cambio de que la petrolera mejore su gobernanza, tenga mejor modelo de negocio y mejore su situación financiera. Hoy, a Pemex no se le exige nada. Sólo se le dan salvavidas.

Y ahí viene la añeja propuesta de crear un consejo fiscal para evaluar la política fiscal y estudiar sus impactos.

Además, hay un problema serio con el gasto aprobado: se ha recortado, sobre todo en salud. Piden que los recortes del gasto público primero sean en comunicación social (hoy prioridad de las mañaneras), después al gasto administrativo no vinculado con la atención a las personas. En deuda se exige regresar a la regla de oro: si te vas a endeudar, que sea por una buena razón, como es la inversión productiva, no para gasto corriente. Esperemos, de verdad, que les hagan caso en el Congreso. Son propuestas puntuales y bien pensadas las del Imco, México Evalúa y México Cómo Vamos.

• SAT Y GRANDES CONTRIBUYENTES

Si bien es cierto que los ingresos públicos han disminuido en el sexenio, el SAT sí está haciendo su trabajo con lo que tiene. Su estrategia de cobrarle a los grandes contribuyentes logró recaudar 2.3 billones de pesos en 2023. Al principio se mencionó que el SAT se aprovechaba de las leyes que permitían meter a la cárcel a grandes contribuyentes, aunque estuvieran en juicio.

Pero en el 2023, ya sin esas leyes, el Servicio de Administración Tributaria, a cargo de Antonio Martínez Dagnino, obtuvo una buena recaudación por su Plan Maestro de Fiscalización y Recaudación. El cobro a grandes contribuyentes representó el 51% de los ingresos totales. Incluso se alcanzó a regularizar a 918 grandes contribuyentes.

La duda está ahí: ¿hasta dónde dará el programa de cobrar a grandes contribuyentes sin una reforma fiscal?

• AUDITORÍA ENCUENTRA SOBRECOSTOS EN TREN MAYA Y EN AIFA

En momentos donde la industria de la construcción civil y la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles han solicitado no suspender el mantenimiento de carreteras y menos dárselo a las Fuerzas Armadas, surgen irregularidades en las obras construidas por la milicia. La Auditoría Superior de la Federación, al realizar su revisión de la cuenta 2022, ya encontró anomalías por hasta 909 millones en el Tren Maya, en la refinería de Dos Bocas y en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Las fuerzas militares no suelen transparentar su obra, que bien pudo ser construida por empresas civiles y en licitación.