Hay que medir, CCE

En México hay muchos dueños de negocios, pero pocos empresarios, muchos que únicamente buscan ampliar la rentabilidad de sus compañías, indiferentes de generar valor para sus empleados, proveedores, clientes y la sociedad en su conjunto. En cambio, los empresarios son unos héroes, como lo dijo Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en el contexto del decálogo de principios de “Dimensión Social de las Empresas”, que presentó un día antes de la tamaliza para la rifa.

Los empresarios, a diferencia de los dueños de negocios, arriesgan su capital, saben que la rentabilidad va acompañada de relaciones duraderas que generan eslabones fuertes en sus clientes, proveedores, empleados y socios y, para lograrlo, muchas veces sacrifican ganancias de corto plazo. La mayor parte de los principios son indispensables para el éxito de cualquier compañía. Por ejemplo, es difícil concebir una empresa de gran calibre que no busque construir una relación de confianza y credibilidad con la sociedad o que garantice mayores oportunidades de empleo formal, crecimiento y desarrollo de sus colaboradores, es aún más remoto que haya una compañía que, al menos públicamente, no se atenga a cumplir con sus obligaciones fiscales y contributivas o a promover la inclusión, la diversidad y el respeto a los derechos humanos.

En su expresión literal, el decálogo es un conjunto de obviedades y buenas intenciones y, por lo tanto, resulta hueco; en la esfera del símbolo, es una concesión al gobierno federal y, ya sea a petición o por iniciativa propia, fracasa en el objetivo de mostrar un compromiso hacia lo que ha definido el presidente Andrés Manuel López Obrador como empresas con dimensión social. Un político de grandes intuiciones, como lo es Andrés Manuel López Obrador, puede oler a leguas que se trata de una iniciativa para salir del paso, no obstante, va en el sentido correcto y me parece que el CCE podría mejorar bastante su efectividad, tanto en el texto como en el símbolo, a través de compromisos medibles y acciones tangibles.

En cuanto al pago de proveedores, el CCE podría dar su respaldo a la iniciativa de Ley Pago a 30 días, que ha impulsado la Asociación de Emprendedores de México (ASEM). Como un gran líder de empresa que es y que fue al frente de FEMSA, Carlos Salazar sabe que no se puede avanzar en objetivos tan loables si no se miden. Un ejemplo lo puso la Coparmex hace unos días, al presentar “10 acciones en favor de la igualdad de género”, en este caso hay claridad de que el fondo es forma y el vocero de la iniciativa no fue Gustavo de Hoyos, sino Leonor Quiroz, consejera nacional del organismo. Entre las propuestas se encuentra publicar un listado de 100 perfiles de mujeres que puedan ser parte de un Consejo de Administración, también, “facilitar el acceso, al menos, a 100 empresarias a talleres y capacitación de alta calidad en alianza con IPADE, Dalia Empower, la Universidad Anáhuac, la Ibero, el ITESM”.

Las diez propuestas de la Coparmex no son perfectas y hacen falta plazos y mediciones, pero al menos tienen elementos concretos. Muchos de los líderes empresariales que se dieron cita para aplaudir el decálogo ya tienen un camino avanzado en varios de los principios, sólo tendrían que documentarlos y mostrarlos como un conjunto de indicadores y con resultados en mano sería más fácil que reviertan la percepción de la sociedad, así como exigirle al gobierno federal el punto diez, que consiste en: “impulsar una relación responsable y propositiva con las autoridades, exigiendo reglas claras y certidumbre jurídica y económica para las inversiones y, así, incidir positivamente en las políticas públicas para beneficio del país”.

Si Gobernación presenta un decálogo hueco en materia de violencia en contra de las mujeres, es indispensable que el sector privado presente propuestas con datos y mediciones y eso le dará mucha credibilidad.