Política, ciencia y maíz

En la última elección presidencial de la Unión Americana, los 6 votos del Colegio Electoral que representa Iowa fueron para Donald Trump, quien le ganó a Joe Biden por una diferencia de 138 mil votos con 53 por ciento de los votos, lo que significó una mejora con respecto al 51 por ciento que obtuvo el republicano en la elección 2016. Sin embargo, Iowa no fue siempre un bastión republicano, dado que sus votantes se decantaron mayoritariamente por Barack Obama en las elecciones de 2012 y 2008, en conclusión se puede considerar que Iowa es un swing state o estado cambiante electoralmente. Actualmente, Iowa parece ser un bastión republicano, su gobernadora, Kim Reynolds, es republicana y lleva en el poder desde 2017, fue reelecta el año pasado mientras que el año pasado los demócratas perdieron el único de cuatro asientos en la Cámara de Representantes correspondientes a dicho estado. Lo anterior forma parte del contexto en el que se desenvuelve la solicitud de consultas que pidió la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) a propósito del decreto del maíz genéticamente modificado que se publicó el 9 de febrero.

EL FACTOR VILSACK

El actor clave en este episodio es el secretario de Agricultura Tom Vilsack, exgobernador de Iowa y quien ocupa por segunda ocasión dicha cartera, la primera fue en los dos tramos de la administración de Barack Obama, y con todo y ello el corn belt, que se refiere a los estados del Medio Oeste de la Unión Americana fueron, en su mayoría, tierra fértil para Donald Trump. Con el nombramiento de Vilsack, la administración de Joe Biden buscó reconstituir la relación con los agricultores de dichos estados, a juzgar por los resultados de la elección intermedia del año pasado, no parece tener mucho éxito. Tom Vilsack no ha podido quitarse la percepción entre los pequeños granjeros de que es muy cercano a las grandes compañías agropecuarias, en el 2010 había expectativas de que las enfrentaría, pero después de hacer una gira para escuchar inquietudes, finalmente no cumplió con la expectativa en ese entonces. El principal argumento del secretario de Agricultura y su representante en el USTR, Doug McKalip, quien fue nombrado a mediados del año pasado, han puesto énfasis en que el decreto del 9 de febrero no está afincado en hecho científicos consistentes con el T-MEC. De la postura del USTR del lunes destaca que el mayor párrafo lo aporta el secretario de Agricultura y sólo un par de líneas fueron atribuidas a la representante Katherine Tai, lo que contrasta con el llamado a consultas en materia energética en donde sólo apareció ella.

EL FACTOR CIENCIA

La respuesta que delineó el presidente López Obrador ayer buscó atender el aspecto científico que inquieta a Vilsack al proponer que la Cofepris y su equivalente en Estados Unidos la Food and Drug Administration determinen si hay impacto o no a la salud como consecuencia del consumo del maíz genéticamente modificado. La propuesta del Presidente atendería el asunto, aunque es evidente que no será sencillo conciliar los criterios, objetivos y parámetros con los que se hará el análisis que puede inclinar el resultado en un sentido u otro. Basta poner en un buscador: estudio científico demuestra que el café ayuda a la salud y por otro lado buscar: estudio científico prueba que el café es nocivo para la salud.

LOS NÚMEROS

De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, dicho país exportó a México el año pasado 15 millones 400 mil toneladas métricas de maíz por un valor de 4 mil 920 millones de dólares, por lo cual fue el segundo país como destino de exportación del grano, sólo por detrás de China, que superó a nuestro país como destino desde 2021. El asunto es vital, principalmente para los productores de maíz de Iowa, Illinois, Nebraska y Minnesota; el reto será que la Secretaría de Economía logre transmitir que no hay impacto comercial por el decreto, dado que producen y exportan maíz amarillo que no está restringido por el decreto y que no vale la pena poner en riesgo el intercambio agrícola por el término “con base en ciencia”. Lo cierto es que el aspecto político electoral hace que el mecanismo de consultas avance con más velocidad que el energético.