Agriopuerto de Santa Lucía

La politización de los proyectos de infraestructura es un riesgo para el crecimiento económico regional o nacional.

Cuando la politización se impulsa desde las propias autoridades, el riesgo es mayúsculo.

Esto es justamente lo que está pasando en nuestro país con un tema que debiera ser técnico: la solución del problema de saturación del Aeropuerto Internacional de la CDMX.

Desde la campaña presidencial, éste y otros proyectos de infraestructura han estado sujetos a los vaivenes políticos, ejercicios ficticios (“consultas ciudadanas”) y el capricho individual.

En la continuación de esta historia, el pasado 24 de abril, durante la Feria Aeroespacial de México (Famex), el presidente López Obrador anunció que el aeropuerto en la Base Militar de Santa Lucía comenzaría con “los estudios y trabajos preliminares” esta semana.

El aeropuerto, que llevará el nombre de Felipe Ángeles, comenzará su construcción formal en junio, una vez que se tengan las manifestaciones de impacto ambiental y otros requisitos.

En otras palabras, se arrancó el proyecto sin siquiera tener los permisos, el proyecto ejecutivo y los estudios correspondientes.

De acuerdo con las autoridades, el proyecto del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se apoyará del actual AICM, así como del Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT) para conformar el Sistema Metropolitano de Aeropuertos (SMA).

El reto para el SMA es muy grande: El Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) cancelado proyectaba que a su máxima capacidad (con seis pistas y dos terminales) podría transportar hasta 130 millones de pasajeros al año y, a la par, mover 1.2 millones de toneladas de carga y albergar un millón de operaciones anuales; el SMA promete una capacidad para albergar a 150 millones de pasajeros al año en su máximo desarrollo (más allá de 2060). Éstas últimas son proyecciones con base en un proyecto ejecutivo que todavía no se concreta ni se publica para análisis.

En cuestión de operación, el NAIM tendría un millón de operaciones anuales, mientras que el SMA tendrá, al menos en lo que se ha declarado, una capacidad de 1.2 millones.

Todo indica que aunque la mayoría de los argumentos de los críticos del Aeropuerto de Santa Lucía son válidos, AMLO no ha escuchado las críticas, tomándolas como parte de un complot ideologizado con base en las divisiones del siglo XIX.

La mayor parte de las críticas tienen que ver con la falta de elementos esenciales para cualquier proyecto de infraestructura: estudios ambientales y licitaciones, contratos y los costos estimados (que han sido más elevados de lo pensado).

López Obrador ha contestado que está comprometido a garantizar que no se va a ampliar el presupuesto destinado originalmente.

Sin embargo, sin siquiera haber puesto una piedra, el proyecto ya se incrementó: el cerro antes mencionado incrementó el costo estimado en alrededor de ocho mil millones de pesos.

Al final, éste podría ser un agrio problema que continúe a lo largo del sexenio.

El agriopuerto no ha siquiera iniciado y ya ha causado problemas para AMLO.