Apostarlo todo

En el póker como en la economía, apostar todas las fichas en una sola mano es altamente riesgoso. En México, en los 70 y 80 vivimos el auge petrolero que llevó a “administrar la abundancia” de López Portillo y la época por excelencia de la maldición de los recursos, donde los gobiernos apostaron y enfocaron toda su economía en recursos naturales, empujando hacia fuera otras actividades empresariales. Metimos todos los huevos en una misma canasta.

Ante las malas señales económicas, incluso antes de la gran contingencia causada por el covid-19, el gobierno de López Obrador ha enfocado su discurso de recuperación económica principalmente en la firma del T-MEC, como detonante inmediato de nuevas inversiones y crecimiento económico. En múltiples ocasiones —y con la reciente visita a Trump en Washington— el Presidente ha mencionado al T-MEC como un factor esencial de la recuperación. Ello se basa en el exitosísimo antecesor, el TLCAN, que llevó a EU y México intercambiar mil millones de dólares diarios y una interdependencia económica sin precedentes.

Sin embargo, al igual que con el petróleo, López Obrador y su gobierno han enfocado sus baterías en pocos ejes argumentativos. La realidad es que el T-MEC por sí mismo, al igual que los hidrocarburos, no puede soportar el peso de la complejidad económica de nuestro país y su crecimiento. De hecho, en muchos sentidos la 4T va en contra de los preceptos del libre comercio y protección de inversiones de este tratado.

Los dos mejores ejemplos son las disposiciones de protección al medio ambiente y el capítulo XIV del T-MEC que habla de los mecanismos de protección de inversiones. No obstante, éste y otros compromisos establecidos en tratados internacionales en materia de medio ambiente, el gobierno ha apostado por combustibles y métodos altamente contaminantes como el combustóleo y el carbón en la generación de electricidad. Ahí están los acuerdos de Cenace y otros que cancelan la posibilidad de las energías renovables y que están siendo controvertidos ante la Suprema Corte por la Cofece y gobiernos estatales. 

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Por otra parte está el capítulo de protección de inversiones que habla de solución de diferencias entre inversionistas y estados. En este caso, los inversionistas en contratos con el gobierno en infraestructura, hidrocarburos y gas, generación eléctrica, transportes y telecomunicaciones pueden reclamar violaciones del principio de nación más favorecida.

Este caso es relevante dada la tendencia del gobierno a no respetar los contratos en virtud de su concepción de nacionalismo económico, principalmente, en los sectores de energía e infraestructura. La evidencia hasta ahora ha sido de retroceso en la liberalización del mercado energético a través de normas administrativas, contraviniendo tratados y leyes en la materia. Ahí están los retrocesos en rondas petroleras, energías renovables, gasoductos, captura de reguladores, etcétera.

El T-MEC entonces, al menos en protección de inversiones y medio ambiente, es un arma de doble filo para el gobierno. No se puede ser nacionalista económico y favorecer el libre comercio al mismo tiempo. No se puede contaminar y ser ambientalista. No se puede apostarlo todo y ganar.