¿Cómo protegerse del Estado unipersonal?

Hay una anécdota en la industria de la radiodifusión en México sobre el origen de algunas fortunas y concesiones de radio. En el gobierno de Alemán, cuando se empezaron a consolidar las primeras licencias de radio AM, el Presidente y subalternos debatían qué hacer con éstas. En ese momento no se les veía tanto valor, por lo que no sabían a quién otorgarlas. Finalmente decidieron por otorgar varias de ellas a algunos choferes y guardaespaldas del Presidente.

La anécdota puede ser una exageración, pero habla de cómo el Estado mexicano era encarnado en una sola persona: el Presidente. El Estado mexicano era el grande creador de riquezas a través de concesiones en materias que eran reservadas para el Estado como propietario original. El Presidente daba y quitaba sin mayor criterio que su albedrío. Nuestra economía se basaba en la sustitución de importaciones y todo el consumo interno se producía, para bien o mal, en México.

Conforme nuestro sistema económico se ha transformado a uno de mercado y desregulación, también el sistema legal ha evolucionado. Así, el Estado mexicano se transformó de un Estado propietario de los medios de producción a uno menos abultado y, al menos en teoría, más eficiente.

Los sexenios de Luis Echeverría y José López Portillo fueron el apogeo y decadencia del Estado unipersonal, donde el Presidente era el origen y final de toda riqueza, actividad o autorización. Con Miguel de la Madrid se inició la etapa del Estado regulador, donde las actividades productivas se regulan a través de instituciones, y durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se consolidó, no obstante que el presidencialismo todavía representaba abusos.

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Ello viene a colación por la eminente destrucción del Estado regulador. Más creado por tendencias legales y regulatorias a nivel mundial que por una conspiración neoliberal —como lo hace entender Andrés Manuel López Obrador—, todo indica que en varios sectores regulados el gobierno quiere regresar al Estado unipersonal.

Ese retorno ad hoc se pretende hacer mediante la destrucción, a nivel administrativo (y no legal), de esa evolución legal de décadas en México.

El sector económico que, por dogmas, ha sufrido el mayor embate es el energético. Recordando el dogma revolucionario-nacionalista imperante durante los 70, la energía basada en combustibles fósiles se ve como la columna vertebral del crecimiento.

Para este gobierno, lo importante no es el procedimiento, sino la voluntad del Presidente y su visión redentora de la gloria nacional. El mejor ejemplo de ello son los acuerdos emitidos por la Secretaría de Energía y el Centro Nacional de Energías Renovables (Cener) en contra de este tipo de energías.

Sin embargo, no son los únicos embates. Las ocurrencias del día han ido desgastando ahora a los órganos reguladores y hasta el actual sistema de ahorro para el retiro (afore).

El más reciente episodio es la iniciativa del senador Ricardo Monreal por desaparecer los órganos autónomos constitucionales. Si bien parece que esa iniciativa se congeló, al igual que en energía, los intentos seguramente no pararán ahí.

Por ahora, el único contrapeso de protección al orden económico constitucional es el Poder Judicial. Los amparos y controversias constitucionales, la vía.