De mínimos y salarios

A veces las consecuencias de los anuncios políticos son contrarias a su intención original. A veces, por posiciones ideológicas o políticas, dichas medidas afectan justamente a los que quieren proteger.

Mientras unos pueden celebrar estas medidas, otros los critican.

El debate sobre el salario mínimo es uno de estos casos: los políticos de la 4T lo celebran, mientras que varios economistas lo critican. Esta semana, el gobierno anunció el incremento, para 2020, del salario mínimo a nivel nacional, al pasar de 102.68 a 123.22 pesos diarios.

 La medida anunciada fue celebrada por economistas y políticos afines a la 4T como un triunfo histórico, pero al final, sus beneficios pueden ser debatibles y hasta distorsionadores.

El salario mínimo es la cantidad mínima de dinero que se le paga a un trabajador para un determinado periodo laboral (hora, día o mes). Este salario es la referencia para la base de la pirámide laboral.

En México, cada año se actualiza el salario mínimo según la evolución de la inflación y el impacto de los precios en la canasta básica de los trabajadores. Para evitar un desajuste, la Comisión de Salarios Mínimos establece que éste deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia y para proveer la educación obligatoria de los hijos.

Las primeras regulaciones del salario mínimo se produjeron en Australia y Nueva Zelanda. En Estados Unidos, Massachusetts fue el primer estado que aprobó el salario mínimo en 1912.

En México, el precursor fue el artículo 123 de la Constitución de 1917, cuando se ordenó que el salario mínimo debe satisfacer “las necesidades normales de la vida del obrero, su educación y sus placeres honestos…”.

Sin embargo, el problema salarial en México no es tanto de mínimos sino de la disminución del poder adquisitivo de las clases populares durante varias décadas.

El salario mínimo ha sido una referencia, primero, para el pago de multas (que ahora se miden con otro instrumento) y ahora política.

El salario mínimo debe ir aparejado de incrementos en la productividad de la economía a efecto de no distorsionar la economía. Si no hay producción suficiente, por más salario mínimo de referencia que exista, no habrá mayor empleo.

 Un incremento desproporcionado afecta a los estratos más bajos del mercado laboral al excluirlos del mercado (si sube demasiado, el empresario no puede contratarlos) o fomenta la informalidad.

Un ejemplo de ello es Venezuela, donde por decreto se ha incrementado el salario mínimo en varias ocasiones, durante los últimos dos años, ante la rampante inflación, como medida política.

Es por ello que un anuncio político, refiriendo al incremento del salario mínimo, es únicamente eso, político, hasta en tanto no se incremente la productividad de la economía.

Y EL ITAM…

Tres factores se juntaron para una crisis en el ITAM: época de exámenes finales –época donde los estudiantes están más exaltados–, el efecto expansor de las redes sociales y la “sequía” noticiosa en medios tradicionales y la animadversión de la 4T por este instituto (se juntaron el hambre y las ganas de comer).

Nos leemos en enero.