El Estado administrando

México y América Latina lo traen en su identidad. Los disparates de un caudillo o líder mesiánico causan caos económicos por décadas. Detrás de esos desatinos económicos generalmente hay un líder fuerte con un movimiento social, populista o nacionalista detrás, que hace llamados a la salvación de la identidad nacional, sin detenerse a ver las implicaciones financieras. A este fenómeno, el nacionalismo económico, generalmente le acompaña la inestabilidad y el mal manejo.

Es usar los recursos del Estado para jugar política nacional y hasta exterior. Cuando se lleva al extremo, incluso puede sofocar a otras industrias que requieren más atención o ayuda del gobierno y/o volver al país casi totalmente dependiente totalmente de ciertas materias primas o industrias.

Así sucedió en los setenta y ochenta en México con el petróleo. En este extremo, los recursos naturales o las industrias manejadas por el Estado son una maldición para la economía; un movimiento brusco en sus precios internacionales o el incremento de los gastos lo vuelven millonario de la noche a la mañana o son la quiebra (como en Venezuela).

El interés del gobierno en una industria inicia con el discurso arengador de masas. Las industrias extractivas o empresas públicas se convierten así en fuente de identidad nacional. El ciclo nacionalista inicia con el Estado que, desconocedor del potencial de una materia prima —como el petróleo o litio— o cómo manejar adecuadamente una industria —como la generación eléctrica—, deja inicialmente al sector privado la explotación o manejo de esas industrias.

El sector privado, bajo la promesa de seguridad en sus inversiones, invierten pensando que nada pasará. El gobierno los protege, pero luego llega el líder que promete salvarnos de los extranjeros, los empresarios o el demonio en turno. Toma posesión alegando falsos nacionalismos, incitando a las masas a proteger lo nuestro.

Sin embargo, ese ciclo siempre cierra mal. Viene la corrupción, el mal manejo y la quiebra de las finanzas públicas. Si algo nos enseña la historia es que, en América Latina, el Estado es pésimo administrador de industrias y, específicamente de empresas públicas con bienes “de la nación”. No tiene los recursos financieros o enfoque suficiente y acaban siendo un fiasco.

En Bolivia, por ejemplo, el gobierno de Evo Morales nacionalizó la industria eléctrica en 2012, asumiendo el control de la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica en todo el país. Los defensores de la nacionalización argumentaron que podía garantizar el acceso a la energía eléctrica para toda la población y reducir los costos de energía. Sin embargo, el resultado fue desastroso para las finanzas públicas. Resultó en pagos e indemnizaciones que todavía se decidían en tribunales en 2022. Además de ello, la inversión privada (e inversión en general) se detuvo en el sector eléctrico de ese país.

La historia nos demuestra que el Estado es mal administrador. Esperemos que México sea la excepción.

Los defensores de la nacionalización argumentan que puede garantizar el acceso a la energía eléctrica para toda la población, reducir los costos de energía, mejorar la eficiencia y aumentar la inversión en infraestructura eléctrica.