El gobierno de la autarquía

“Cada parte asegurará que cada uno

de sus monopolios designados:

no utilice su posición monopólica…

para incurrir en prácticas anticompetitivas

en un mercado no monopolizado

en su territorio que afecten negativamente

 el comercio o la inversión entre las partes”.

Capítulo 22 del T-MEC.

A partir del sexenio de Miguel de la Madrid, la economía cambió de ser una centrada casi exclusivamente en el Estado a una más sofisticada y con mayor participación del mercado. Desde entonces y hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto, el periodo que ahora López Obrador llama “neoliberal”, el Estado regulador sentó las bases para mayor crecimiento, diversificación y apertura comercial. Esto fue un cambio de paradigma, en donde el Estado disminuyó su participación para volverse un regulador de la actividad económica.

En ese periodo, México se convirtió en un país inmerso en la globalización y apertura a las inversiones de Estados Unidos y Canadá, nuestros principales socios comerciales. Mientras antes imperaba la sospecha y ostracismo, los tratados de libre comercio del “periodo neoliberal” abrieron nuestros ojos al mundo.

 Así llegamos a las reformas estructurales del 2013, donde se transformó uno de los últimos reductos del paradigma del estatismo/nacionalismo gubernamental (el sector energético) y, se sentaron las bases para que Pemex y la CFE pudieran sobrevivir con la participación del sector privado.

Ante la falta de presupuesto del Estado para continuar financiando proyectos, una solución fueron las actividades en conjunto con el sector privado y extranjero, principalmente en exploración y extracción (en hidrocarburos) y en la generación (en electricidad).

Sin embargo, la desigualdad social, corrupción e injusticia siguieron imperando, no obstante la gran apertura económica de ese periodo. Por ello, López Obrador trajo un buen diagnóstico, pero malas soluciones a problemas sistémicos, prometiendo cambios bajo una visión estatista y voluntarista, remembrando las viejas épocas del gobierno autárquico. El resultado ha sido un choque frontal con el sistema de libre mercado regulado por el Estado; el Estado protector versus el Estado regulador.

 El choque se ha manifestado principalmente en el sector energético, una de las bases de la economía. En ese sentido, ayer se cometió un arbitrio más: como se preveía y, ante las prisas innecesarias por aprobar una iniciativa preferente del Presidente, el Senado de la República votó por aprobar la minuta que reforma la Ley de la Industria Eléctrica que, entre otras cosas, relega a las energías renovables, le da preferencia a la CFE con plantas obsoletas y da predilección a la generación eléctrica con combustibles ultracontaminantes como el combustóleo y carbón. El alegato es “defender a las empresas del pueblo”. 

Sin duda, esta arbitrariedad, sin sustento técnico, es un golpe más a las señales pasadas de inversión y libre mercado. Incluso, son contrarias al T-MEC —tan defendido por López Obrador— y otros tratados como el Convenio de París.

El objetivo es volver a una autarquía, donde México se relega a la fantasía de ser autosuficiente, en otras palabras, la definición de soberanía económica convenientemente utilizada para cerrar, una vez más, a nuestro país en un mundo ahora globalizado.