El mundo no se detiene

El lobo se ha quitado la piel de oveja. El dogmático se ha deshecho de los técnicos y moderados. El estatista, de los creyentes en el libre mercado. A lo largo de dos años con tres meses se ha dado otra transformación: la de un gobierno semibalanceado a uno totalmente basado en dogmas. El sector energético —ahora a través de reformas a la ley de la industria eléctrica— se vuelve, una vez más, la plataforma de la lucha dogmática del Estado versus el libre mercado.

Después de una aprobación ultrarrápida en el Congreso, ayer el Presidente promulgó y publicó las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, sellando así una nueva etapa para el sector energético.

El fracaso de las modificaciones pasadas a algunas normas administrativas en materia del despacho de generación de energía eléctrica —para darle prioridad en el sector eléctrico a la Comisión Federal de Electricidad y desplazar a las energías renovables— convencieron a los radicales de que se debía reforma la ley, no obstante su inconstitucionalidad y violación a tratados internacionales.

Los efectos, una vez más, serán negativos para la inversión y seguridad jurídica en nuestro país. La reforma implica que las inversiones hechas en el pasado en energías renovables, subastas y autogeneración —más baratas que la electricidad generada por la Comisión Federal de Electricidad— serán desplazadas por capricho al último lugar del despacho eléctrico. En otras palabras, no obstante que son más baratas para la propia CFE, estas plantas y tecnologías serán relegadas para “salvar a la CFE”. Un balazo en el pie.

La realidad es que la electricidad y el sector energético son motores esenciales para el crecimiento económico.

La demanda de electricidad crece normalmente a tasas del doble del crecimiento del PIB, por lo que, a lo largo de décadas, la generación e inversión en electricidad se han vuelto más complejas. Ante las enormes necesidades de gasto público e inversión, la CFE no pudo mantener el ritmo de crecimiento a la par de la economía. Vinieron los apagones, las tarifas excesivas y la insuficiencia energética. De ahí que, a partir de los años noventa, se tomara la decisión pragmática —no dogmática— de reformar el marco normativo estatista de los años 70 para darle oportunidad al sector privado en el sector eléctrico, de la mano del Estado.

Sin embargo, estamos ante un gobierno que no escucha ni considera razones técnicas o pragmáticas. Las recientes reformas a la ley representan, de acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial, 17% de incrementos en las tarifas eléctricas de aquí al 2026. De un plumazo legislativo, el Estado asume la responsabilidad entera de un sector en donde no se da abasto presupuestal.

Aunado a ello, la solución fácil ha sido la quema de combustibles ultracontaminantes, como el combustóleo, las promesas fáciles, como la baja de los precios, y el populismo estatista energético. Pareciera que nuestro país no está dentro de los primeros quince lugares de economías más avanzadas del planeta y vivimos en una burbuja nacionalista. Si no retomamos el rumbo, las complejidades del mundo globalizado nos dejarán relegados. El mundo, mientras tanto, no se detiene.

PODCAST

Sobre esto hablé con Víctor Ramírez y Carlos Lever, especialistas en el sector energético. Podcast próximamente en https://spoti.fi/2PGy2gc y www.rodrigoperezalonso.co