El reporte y la falsa soberanía

Un reporte del Departamento de Estado de Estados Unidos lo confirma. Nuestro sistema jurídico no sólo no funciona bien, sino que usa figuras jurídicas que representan abusos sistemáticos para los acusados de ciertos delitos. A lo largo de este gobierno, la prisión preventiva de oficio, un mecanismo que debería ser usado por excepción, es defendido como una medida necesaria para la seguridad pública. Esta realidad ha sido un abuso flagrante. López Obrador apuesta a que no se derrumbe el inmenso y frágil castillo de naipes, construido sobre endebles bases violatorias de los derechos humanos.

El informe del Departamento de Estado de la Unión Americana de 2023 sobre México, publicado el lunes de esta semana, destaca graves problemas en el sistema de justicia penal mexicano. Ratifica lo que ya se ha señalado por especialistas, organismos internacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos al respecto: este mecanismo, aunque necesario en ciertos contextos para asegurar la comparecencia del acusado y la integridad del proceso judicial, se ha convertido en una práctica abusiva y excesivamente utilizada.

La prisión preventiva se refiere al encarcelamiento de una persona antes de una sentencia en un proceso penal. A menudo, las leyes de un país permiten esta medida como precaución dentro del sistema penal para evitar que una persona se fugue del país o pueda significar un riesgo mayor para la seguridad pública. No obstante, como señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al aplicar estas medidas cautelares que limitan la libertad, el Estado debe justificar y demostrar de manera clara y detallada, en cada caso específico, la necesidad y las razones que justifican esta restricción de la libertad.

Para diciembre de 2022, más del 40% de los internos en cárceles mexicanas estaba preso bajo la prisión preventiva. La duración promedio de los procesos penales con esta medida en 2021 iba entre 141 y 248 días. Esta duración provoca impactos económicos, familiares y de otros tipos en la vida de los detenidos, sumado a los riesgos y violaciones de derechos humanos que pueden surgir por las condiciones mismas de detención.

No obstante, un gobierno nominalmente de izquierda, el de la Cuarta Transformación, lo defiende a capa y espada. En acciones políticas se han publicado desplegados de gobernadores de la 4T, pronunciamientos del Presidente y una presión excesiva sobre el Poder Judicial. Todo ante una próxima sentencia de la Suprema Corte de Justicia donde se aborde este problema, cumpliendo con lo ordenado por la CIDH.

La semana pasada, la secretaria de Gobernación apareció en la conferencia matutina del Presidente hablando de esta figura, donde refirió que su eliminación sería un “riesgo a la seguridad nacional” y dio cifras oficiales sobre ello. Un tercio de las 232,600 personas encarceladas en México están en prisión sin una condena firme. Aunque la ley limita la prisión preventiva a un máximo de dos años, en realidad puede durar años más.

En este sentido, la comunidad internacional tiene un papel que jugar, ofreciendo asistencia técnica y presionando para que se respeten los estándares internacionales de los derechos humanos. Por ello, aunque el reporte de Estados Unidos es un balde de agua fría para el gobierno de México, es una buena señal para el sistema jurídico mexicano.

Esperemos que el gobierno no use el viejo truco mediático de desacreditar el informe e invoque la soberanía nacional a conveniencia.