Ignorancia y arbitrajes

“Los cántaros, cuanto más ruido hacen, más vacíos”.

Rey Alfonso X de Castilla y Aragón.

En círculos empresariales y de especialistas se habla mucho de la ignorancia que existe en los funcionarios públicos de áreas especializadas de la administración pública.

El sector de energía, como eje rector de la estrategia económica del gobierno de AMLO, ha sido sujeto a los caprichos y profundo desconocimiento regulatorio de aquellos que ostentan cargos públicos y “conocimiento” del mismo.

Nunca ha sido más manifiesto esto que con las recientes demandas de arbitraje internacional interpuestas por la CFE en contra de varias empresas que construyen siete gasoductos para llevar gas a las terminales generadoras de electricidad.

Las empresas afectadas incluyen a IENova, Carso Gasoductos y TransCanada, y se impugnan cláusulas específicas dentro de los contratos referentes a la mitigación de riesgos, como protestas sociales, bloqueos u otros, en los cuales el gobierno debiese intervenir.  

Lo curioso es que los dos tipos de cláusulas que Manuel Bartlett, director de la CFE, y el propio López Obrador implícitamente han señalado como abusivas por las empresas señaladas son las llamadas take or pay y deliver or pay, ambas estándar en una industria donde las inversiones y riesgos son muy grandes.

En ambos casos se trata de cláusulas que “indemnizan” al inversionista, quien asume gran parte de los riesgos con costos hundidos enormes, en caso de incumplimientos por temas ajenos a la construcción. En ambos casos, se trata de compartir el riesgo entre ambas partes y así incentivar inversiones que, de otra forma, serían muy complicadas.

La tendencia a nivel mundial, incluyendo países con gobiernos de izquierda (por ejemplo, Bolivia —gran productor de gas natural—), son mecanismos financieros para poder construir infraestructura disminuyendo la carga para los contribuyentes.

Estos mecanismos aseguran también que a los inversionistas, quienes arriesgan miles de millones de dólares —como en el caso de estos ductos—, se les garantice que la CFE va a comprar el gas y ellos a su vez van a entregar el gas en los ductos construidos para distribución.

Sin embargo, el razonamiento que parece imperar en la administración de AMLO —y que es causa de estas demandas—, incluyendo en la Sener, en la CFE y Pemex, es que la inversión privada es perversa en detrimento de ambas empresas del Estado, las cuales deben ser los ejes rectores de la soberanía energética.

Lo interesante del asunto es que, al ser cláusulas estándar y tan utilizadas en esta industria, de acuerdo con fuentes consultadas, “el gobierno va a hacer el ridículo” ante las Cortes de Arbitraje en Londres y París.

Se trata de cláusulas que no caen en un área gris de interpretación, por lo que será sumamente difícil que el gobierno y la CFE tengan razonamientos legales sólidos para impugnarlas. Ello, no obstante el ruido mediático e ideológico que pudíesen presentar en medios o en la Corte de la opinión pública.