Iniciativas aéreas

Los aeropuertos, infraestructura, las políticas públicas y regulación en materia de transporte y seguridad aérea toman largo tiempo en diseñarse, planearse y ejecutarse. Como toda industria donde los costos son tan grandes y los riesgos para la vida y seguridad humana tan delicados, la planeación es central para cualquiera de sus iniciativas.

Es por ello que, en el 2018, con la cancelación del Nuevo Aeropuerto en Texcoco, se le imploró al Presidente y a sus secretarios que tomaran en cuenta que éste llevaba años en su diseño y planeación y, que su cancelación sería un fiasco financiero y de infraestructura.

Todo cayó en oídos sordos y estamos ahora en un momento en donde cualquier noticia negativa en torno a ese cancelado aeropuerto —como los resultados financieros de la auditoría— o el de Santa Lucía, que sustituyó al primero, es tomado como una afrenta al gobierno y se ha vuelto políticamente sensible.

Es por ello que, en forma muy discreta y sin mayor ruido, el pasado 21 de abril el Presidente presentó una iniciativa de reformas a la Ley de Aviación Civil que, en términos técnicos, pretende mejorar algunos temas de seguridad aérea y atender observaciones en cuanto a la discrepancia de normas y procedimientos de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC). Esa es, al menos, la razón nominal por la que se presentó una iniciativa técnica en un momento políticamente ajetreado —en las últimas semanas de esta legislatura y poco antes de las elecciones—. La razón real es algo políticamente más delicado.

En octubre de 2020, la Administración Federal de Aviación (FAA), el regulador de Estados Unidos, realizó una auditoría a la AFAC y encontró varios temas que pudieran causar un problema para la administración de López Obrador. La FAA lleva a cabo esta auditoría para revisar que los vuelos a y desde Estados Unidos-México cumplen con estándares de seguridad. Para mayor contexto, hace 10 años la propia FAA llevó a cabo una auditoría similar y, a raíz de sus resultados, bajó la categoría de nuestro país. Esta baja significó un gasto extraordinario para el gobierno y metió por un tiempo a la industria y al gobierno.

Al momento no se tienen los resultados completos de la auditoría de la FAA del año pasado, pero, con la presentación de una iniciativa de reformas a la ley, todo indica que el gobierno de López Obrador quiere salvar cara y evitar que degraden, una vez más, la categoría de México para las rutas Estados Unidos-México, el principal mercado de aviación para nuestro país. En realidad, sería una bomba política para el gobierno que degraden a México, principalmente porque confirmaría la improvisación en sus políticas públicas de aviación; desde la cancelación del Nuevo Aeropuerto, la mala planeación de Santa Lucía y los resultados del austericidio en la AFAC.

Y las rutas aéreas.

Otro tema politizado son las nuevas rutas aéreas en el área metropolitana de la CDMX. Ya las principales líneas aéreas han salido a desmentir los rumores de posibles riesgos que se han mediatizado. Lo que no se ha abordado, y no concierne a las aerolíneas, sino al gobierno, es el tema del ruido en zonas que antes no eran afectadas de la CDMX. Ya se han incluso interpuesto amparos, principalmente por el derecho a un medio ambiente sano y la falta de consulta a las comunidades afectadas.