La dictadura de las causas

El gobierno sabía que sus reformas a las leyes en materia electoral (el llamado plan B) eran inconstitucionales. En reuniones en privado, los coordinadores de las bancadas y la Secretaría de Gobernación sabían que éstas no pasaban la prueba del ácido constitucional. Por ello, la estrategia fue usar la narrativa de los opresores contra los oprimidos; el pueblo —representado por el gobierno— quería esta reforma, pero las oligarquías corruptas y opresoras que defiende la Suprema Corte de Justicia de la Nación no la dejaron pasar.

Estas narrativas del pueblo bueno contra los opresores no son nuevas. Para la izquierda, los “oprimidos” son su causa tradicional. Para que el “espíritu de lucha siga” debe identificarse a una clase opresora y a otra oprimida. Ya sea que los oprimidos sean la clase trabajadora, las personas pertenecientes a una raza o credo, una nacionalidad, un género (o los que se identifican como otro género), todos son interpretaciones nuevas que derivan de la versión original marxista de la burguesía capitalista opresora y el obrero oprimido. Para ello, siempre hay un enemigo contra quien luchar: los empresarios, los gobernantes, la burguesía, Estados Unidos, el uso correcto del lenguaje y hasta las instituciones.

Por otro lado, para la derecha, la lucha ha sido conservar los valores, la religión y la familia. Sin embargo, su disputa más reciente ha sido más bien con las causas de la izquierda. La pelea es contra los conceptos y teorías de la izquierda, haciendo que su identidad esté atada necesariamente a esta corriente. Las ideas de la izquierda radical son causa en sí mismas para darle identidad y validez a la derecha. Gobernantes en Estados Unidos como Ron DeSantis, de Florida, o el expresidente Trump usan esta lucha como su base electoral.

López Obrador, al igual que otros gobernantes populistas, usa constantemente esta dualidad del opresor y el oprimido. En sus mañaneras ha citado a Simone de Beauvoir, precursora feminista francesa y conocida comunista, sobre “la opresión de los oprimidos” en al menos cuatro ocasiones.

Ha usado su amplio foro para criticar otras “formas de opresión”: los españoles nos siguen oprimiendo por su falta de perdón ante la Conquista; Estados Unidos nos oprime por sus políticas imperialistas; Cuba es un pueblo oprimido por el bloqueo; el “pueblo” —representado por el gobernante— es oprimido por los “de arriba” y, ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación protege a los opresores que defienden sus privilegios.

Es una una victimización efectiva que sirve de narrativa al gobierno. Así, los que están en el poder también son “víctimas” —y nunca responsables de sus acciones— de la oligarquía, de los opositores y de todos aquellos que “no representan al pueblo” como ellos.

Los criterios liberales de respeto a la ley y la separación de poderes son vistos como parte de un complot de aquellos que no quieren perder sus privilegios como opresores. La inconstitucionalidad evidente de una ley —como el plan B electoral enviado por el Ejecutivo federal— no es sino una interpretación subjetiva de la Suprema Corte contra el pueblo; “ellos no fueron elegidos por el pueblo”, dicen.

El problema es que esos extremos —tanto de derecha como de izquierda— son similares. Ambos buscan en estas causas la legitimación para desmantelar el sistema liberal y democrático que les estorba.