La fórmula del equilibrio

…no hay libertad si el Poder Judicial

no se separa del Legislativo y del Ejecutivo.

Barón de Montesquieu

El espíritu de las leyes

El gobierno de la 4T modifica normas a nivel administrativo de los marcos constitucionales o legales en materias como medio ambiente, energía, órganos reguladores y derechos humanos. Los ciudadanos, instituciones, comunidades o empresas afectados interponen demandas de amparo y solicitan la suspensión de los actos reclamados. El Poder Judicial otorga las suspensiones. El fondo del asunto queda por resolverse y la regulación o proyectos de la 4T quedan paralizados por meses. La 4T ve moros con tranchetes en sus proyectos o políticas estrella.

Así, a grandes rasgos, la sucesión de hechos que durante la pandemia de covid-19 ha transcurrido con varias políticas del gobierno. Ejemplos hay varios, pero, por excelencia, se han centrado en proyectos de infraestructura mal planeados y ejecutados, en la independencia de los órganos reguladores o en políticas de energía que buscan “rescatar” el sector energético para volver a Pemex y a la CFE a su gloria pasada, dejando a un lado derechos humanos establecidos a nivel constitucional y en tratados internacionales.

El gobierno ha centrado sus esfuerzos, aprovechando la pandemia como excusa, en modificar normas de un nivel jerárquico inferior a la Constitución y las leyes para darle sustento artificial a estos proyectos o políticas. Por ello las demandas y resoluciones del Poder Judicial. Algunos casos emblemáticos se han acumulado: la sentencia de la Suprema Corte autorizando los sueldos de los órganos reguladores, el otorgamiento, esta semana, de una suspensión definitiva a una comunidad indígena en contra de un tramo del Tren Maya, al no ser consultados, o en el caso de las regulaciones de la Secretaría de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía en contra de las energías renovables, suspensiones definitivas otorgadas a organismos de la sociedad civil y comunidades, así como controversias constitucionales promovidas ante la Suprema Corte por gobernadores de oposición y por la Comisión Federal de Competencia Económica por violaciones a la libre competencia y concurrencia.

Contrario a lo que se alega frecuentemente en las mañaneras, las demandas interpuestas y las resoluciones del Poder Judicial no responden a un complot de abogados o a la resistencia del “antiguo régimen”, sino al derecho que todo ciudadano o institución legitimada posee para defender sus garantías y derechos humanos ante las aberraciones jurídicas. Algunas políticas son tan flagrantemente violatorias de la Constitución y las leyes, que han causado amplia incertidumbre económica y desinversión, incluso desde antes de la pandemia.

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Con ello, se han ido clarificando las pocas vías para detener, al menos provisionalmente, las medidas carentes de mayor sustento que la voluntad presidencial y los yerros jurídicos de la administración pública, que intentan justificarlo posteriormente. El Poder Judicial, con todo y los riesgos de captura política por la pleitesía itinerante del presidente de la Suprema Corte al Ejecutivo, parece ser una de esas pocas vías.