Lenguajes del transporte

En lo que se ha hecho una práctica cotidiana de grupos de presión, la Ciudad de México se ha convertido durante ya muchos años en el manifestódromo más grande del país, pavimento para la solución de demandas de toda índole; ejemplos hay cientos al año: desde bloqueos a una de las avenidas principales de la Ciudad por un candidato a la Presidencia, hasta un grupo de pocos vecinos que exigen servicios en sus colonias.

Tomar las calles de la CDMX es para pocos un reclamo de justicia –legítimo o no–, injusticia tolerada por las autoridades para miles y hasta millones.

El pasado lunes taxistas de la Ciudad de México y del área metropolitana se concentraron y bloquearon avenidas principales de la Ciudad de México exigiendo a las autoridades cancelar la operación de aplicaciones de transporte privado como Uber, Cabify y DiDi, que consideran operan en la ilegalidad.

El reclamo de algunos cientos (o hasta algunos miles) de taxistas desató el caos.

Millones se vieron afectados: antes de las once de la mañana ya tenían paralizados los carriles centrales de Paseo de la Reforma y varias de las arterias principales de la Ciudad de México.

En los vidrios de las unidades se podían leer consignas en contra de Uber, Cabify, y DiDi, además de llamados a la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum y al secretario de Movilidad, Andrés Lajous.

En un principio, pareciera que el movimiento tiene sentido; sin embargo, es un hecho que muchos taxis –por supuesto no se puede generalizar– no cubren las necesidades de buen servicio para la población, son mecanismos de clientelismo político y hasta delincuencia.

Según cifras de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, en el primer semestre de 2019 se registraron 200 denuncias por delitos cometidos por taxistas, un aumento del 159% sobre el mismo periodo en 2018. Buscando una solución, el Gobierno de la Ciudad de México creó un registro digital y una aplicación para smartphones donde el pasajero tiene acceso a los datos del conductor, como se hace en las aplicaciones de transporte privado, pero lamentablemente, sólo 51,862 de los 140,000 taxis que circulan por la Ciudad de México se inscribieron en el primer padrón, entre julio y septiembre pasados. Es decir, menos del 30 por ciento.

Daría la impresión de que el gobierno de la Ciudad de México no ha hecho caso a las demandas de los operadores del volante y que ha fallado en cuanto a tacto político y hasta en una buena estrategia de comunicación.

Sin embargo, no obstante las buenas intenciones de cualquier gobierno, el tema de los taxis y el transporte colectivo es un problema sistémico social aprovechado por mafias, clientelismo y corrupción.

Más de 20 reuniones con diferentes liderazgos del Movimiento Nacional Taxista con autoridades de la CDMX seguramente han estado plagados de buenas intenciones y hasta nuevas tecnologías.

Unos hablan un lenguaje, los taxistas otro.

Lo que es cierto es que el transporte por aplicaciones es usado principalmente por las clases medias urbanas, mientras que los taxis regulares por las clases populares.

Desde ahí las diferencias del lenguaje y entendimiento de sus reclamos con las autoridades y la población.

Sin embargo, bloquear no es la solución.