Los siguientes en la mira

En los últimos días, la Bolsa Mexicana de Valores ha estado tan movida como un avión en turbulencia. En una sucesión de medidas unilaterales, el gobierno de López Obrador, y sus aliados en el Congreso decidieron ajustar derechos y las tarifas que rigen a los aeropuertos concesionados en el país. Las nuevas regulaciones son parte de la visión estatista del gobierno de AMLO y, según algunas fuentes, una medida para forzar la eventual recuperación al Estado de las concesiones en manos de privados.

Por un lado, para los tres grandes grupos aeroportuarios, Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) y Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), las tarifas que deben pagar al gobierno por sus concesiones pasarán de 5% a 9% de sus ingresos brutos, de acuerdo con las reformas a la Ley Federal de Derechos recién aprobadas por el Congreso.

Por otra parte, las Tarifas de Uso Aeroportuario (TUA) que pagan los pasajeros a través de los boletos que venden las aerolíneas fueron revisadas a la baja por la Agencia Federal de Aviación Civil de un día para otro. En este caso, el gobierno pretendió disminuir los costos asociados a esta tarifa, de la cual dependen gran parte de los ingresos de los grupos aeroportuarios.

Se trata de un doble golpe a los grupos aeroportuarios privados. El incremento de la contraprestación de 5% a 9% de sus ingresos brutos significa que su rentabilidad disminuirá significativamente antes de pagar impuestos y gastos operativos. Para agregarle un insulto a este incremento, estos ingresos fueron etiquetados para financiar a los aeropuertos operados por el Ejército. O sea, se subsidiará la operación de aeropuertos públicos a costa de los privados.

Por su parte, la TUA que se cobra en los boletos de avión representa entre  50% y 60% de los ingresos de los grupos aeroportuarios. Sin embargo, en otro evidente caso de políticas desmedidas del sector público a costa del sector privado, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en manos de la Marina, el de más tráfico de pasajeros y con la más alta TUA de todos, no sufrirá cambios. Sus tarifas se destinan, en gran medida, para pagar los préstamos (bonos) del cancelado Aeropuerto de Texcoco y no para el mantenimiento y mejoras del propio aeropuerto.

Sin embargo, al menos con la TUA, no todo es negativo. Por años, las aerolíneas se han quejado de que las altas tarifas generan rentas desmedidas para los grupos aeroportuarios a costa de los pasajeros que las propias aerolíneas alimentan. Esto incrementaba los costos de los boletos de avión, en una industria de transporte aéreo donde los márgenes de ganancia son muy pequeños. Mientras tanto, los grupos aeroportuarios tenían ingresos récord.

No obstante, en este gobierno, el golpe ha sido parejo para toda la industria; para aerolíneas y aeropuertos. Es una muestra más del estilo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador: favorecer al sector público en sectores clave de la economía a costa de la inversión privada. Desde la cancelación de Texcoco, pasando por Mexicana de Aviación del gobierno, hasta las tarifas de aeropuertos privados, parece que el gobierno quiere estatizar industrias estratégicas y “blindarlas” mediante su militarización.

Las señales están claras. Son los siguientes en la mira.