Mercado versus Estado

Es indudable que este gobierno tiene una visión distinta de la economía; una visión crítica del statu quo basada en prácticas ya experimentadas previo a los años ochenta, donde el Estado es el gran empleador, rector y fomento de gran parte de las actividades económicas en nuestro país.

Antes de la liberalización, el Estado mexicano era gran propietario de cientos de empresas paraestatales ineficientes y abultadas; de empresas que iban desde Reino Aventura (ahora Six Flags) hasta Telmex. El Estado sustituía así al mercado como gran empleador.

Siguiendo esa retórica, en una de sus giras, el Presidente anunció hace algunos días que si los operadores de telecomunicaciones no llegaban a ciertas poblaciones, el Estado crearía una empresa paraestatal para cubrir las necesidades de comunicación e internet. Si bien pudiese ser que, al calor del discurso, AMLO pudo haber cometido un desliz con base en ideas parciales de lo ya dispuesto por la Constitución –la red troncal de fibra óptica a ser licitada por Telecom–, la gravedad del asunto es asumir que el Estado puede, una vez más, resolver un tema tan complejo como este con base en este tipo de iniciativas.

Varios cuestionamientos resaltan de una iniciativa así: la gran pregunta es qué pasaría con los mandatos constitucionales de la red troncal de fibra óptica, lo ya licitado a Altán Redes para una red mayorista y cómo podría participar el Estado como juez y parte en un mercado tan complejo.

Independientemente de ello, en la industria ya se ven contradicciones entre el Coordinador de la Estrategia Digital Nacional y la Subsecretaría de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). El primero ha alimentado iniciativas como las antes expuestas.

Y EL PÉNDULO DEL SOFTWARE...

Hablando de Estrategia Digital, en el sexenio anterior esta oficina controlaba las compras gubernamentales de software, por lo que efectivamente servía de filtro. La gestión de su titular, de acuerdo con fuentes consultadas, “fue un desastre”. Ejemplo: el manejo de los portales del gobierno, compras de software y las redes sociales. El portal de gobierno no funcionaba adecuadamente y causaba confusiones a los usuarios, se utilizó al menos a dos proveedores propios (controlados por la oficina o su mano derecha) y se firmó contratos con poca efectividad para pautar en redes sociales. Por ejemplo, se firmó un contrato de 45 millones de pesos que terminaron teniendo impacto en únicamente mil usuarios de una red social. En la SHCP y en Presidencia ya están investigando el derroche de recursos.

Parece que el péndulo se fue ahora hacia el otro lado con la austeridad: se canceló el convenio marco de licencias de software. Se está llegando al extremo de que los formatos estándar de procesador de hojas de cálculo, texto o hasta el PDF serán ahora utilizados con un software libre (open source) diseñado por Infotec. Sin embargo, se ha llegado al extremo de que algunos de estos archivos no se abren o editan adecuadamente, causando severos problemas para los servidores públicos que dependen de estos para su trabajo cotidiano.