Revelar las cartas

El órgano más sensible del cuerpo humano es el bolsillo.

Juan Perón

Los ciudadanos mexicanos cuentan con legítimos mecanismos de defensa para evitar que la autoridad lleve a cabo actos u omisiones arbitrarios que afecten su esfera jurídica. Así describimos, todos aquellos que fuimos entrenados como abogados, a los mecanismos y estrategias jurídicas que, dentro del marco de la ley, se pueden utilizar para evitar perjuicios en el interés o patrimonio. Es por ello que no sorprende que empresas y ciudadanos puedan utilizar estrategias fiscales —siempre que sean legales— para disminuir la carga tributaria que impone el Estado. Nada fuera de lo común.

Sin embargo, con la presentación del Paquete Económico 2020 hay un consenso entre contribuyentes y fiscalistas que les causa preocupación. Uno de los cambios fiscales más importantes es, sin duda, la creación de la llamada Revelación de Esquemas Reportables, en el Código Fiscal de la Federación (CFF). El Título Sexto pretende obligar a los asesores fiscales a reportar, al SAT, el trabajo que genere beneficios fiscales a los contribuyentes. En otras palabras, las estrategias fiscales que lleven a cabo para disminuir —legalmente— los impuestos.

¿Qué es un esquema reportable? De acuerdo con la propuesta, esquema reportable es cualquiera que genere o pueda generar, directa o indirectamente, la obtención de un beneficio fiscal en México. De la misma manera, se considera esquema cualquier plan, proyecto, propuesta, asesoría, instrucción o recomendación externada de forma expresa o tácita con el objeto de materializar una serie de actos jurídicos.

Esto significa que tendrán que informar a la autoridad fiscal en qué consisten las estrategias y asesorías que disminuyen utilidades y generan un beneficio fiscal a sus clientes. Con esta información, el SAT evaluará las estrategias y decidirá un criterio para decidir si deben hacerse o no auditorías. Así, el jugador de póquer deberá revelar sus cartas para que el gobierno “las evalué”, dándole así una ventaja desmedida.

El problema con la reforma propuesta es también uno de definiciones. Por ejemplo, la propuesta dice que los esquemas reportables están hechos de una serie de actos jurídicos, pero nunca se define qué significa ello. Se tipifica el revelar las cartas, pero sin definir exactamente cuáles. Otro punto importante de esta reforma es que hay un periodo de revisión en donde, en un máximo de ocho meses, Hacienda y el SAT deben decidir sobre la legalidad del esquema.

Diversas cámaras empresariales, como la Coparmex, han reaccionado ya a esta propuesta. Pareciere que, en aras de combatir a las empresas factureras y otros métodos ilegales de obtención de beneficios fiscales, la autoridad se quiere llevar entre las patas a todo aquel que utilice estrategias fiscales. Se ven afectados contribuyentes, despachos de abogados, contadores y otros que dedican su actividad profesional.

Al final, el SAT, entonces, bajo esta redacción propuesta, se convertiría en juez y parte en el juego de póquer. El problema es que, con la visibilidad de todas las cartas, puede decidir descalificar a los jugadores al gusto, dejándolos sin opciones para luchar por su dinero.