Voluntarismo jurídico y necedad

Es evidente, a lo largo de este año y medio, que el gobierno se basa y se centra alrededor de una sola persona, aquel que toma todas las decisiones, aparece todos los días en una “rueda de prensa”, acapara las redes sociales y guía sin rumbo al país con base en sus deseos y fantasías de poder y gloria restauradora de la moral, civismo e historia.

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El presidente López Obrador es no sólo referee, sino catcher, pitcher, primera base, bateador, jardinero y hasta porrista de su gobierno. Nadie más, salvo que tenga una utilidad momentánea y específica —como el subsecretario López-Gatell— puede jalar reflectores para causa alguna que no sea la de su majestad. Por eso la obsesión por acaparar todas las mañanas la agenda pública, por más banal que sea, y saturar las redes sociales con bots que únicamente aplauden sus medidas y denostan a todos los que osan cuestionarlo.

El problema es que esas aberraciones decisorias causan sinsentidos económicos y presupuestales —como la cancelación del nuevo aeropuerto, la continuación de Dos Bocas en plena crisis de Pemex— y ahora se están transfiriendo al terreno de lo jurídico, donde se pensaba que, en esta nueva etapa, al menos se cuidarían las formas de los productos jurídicos emanados desde el Poder Ejecutivo.

No es así. En distintos decretos y actos jurídicos, con mucho desaseo, a partir de la crisis sanitaria del COVID-19, el Presidente emitió distintos decretos cuyo pecado original es la declaración de “emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor”, un término que no está contemplado en la ley ni en la Constitución. A partir de ese decreto emitido a finales de marzo empezaron las aberraciones, como el decreto de austeridad que, sin sustento legal alguno y sin seguir ningún tipo de procedimiento establecido en la propia Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ordenó el recorte del 75% de los gastos operativos de la administración pública y hasta de organismos autónomos, cancela ilegalmente los aguinaldos, hace declaraciones ideológicas e incorpora fantasías como la creación de dos millones de empleos en pleno año de crisis.

Adicional a ello, se ha ordenado, mediante decretos sin sustento jurídico más que la voluntad del Presidente, la cancelación y liquidación de fideicomisos públicos cuyo único fin parece que es recoger más dinero para los proyectos prioritarios del Presidente, pero sin mayor procedimiento. Existen muchas preguntas ahí, como cuáles son los fideicomisos a cancelarse, por qué, cómo, cuándo.

El resultado de todo este voluntarismo es que el desorden jurídico genera desorden para temas económicos, como el cierre de empresas y actividades no esenciales, temas sociales, como la seguridad jurídica de los empleos, y hasta políticos al darle prioridad —también sin sustento— a los programas prioritarios del gobierno, donde no se cancelan actividades económicas que sirvan a estos proyectos.

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Como diría el ministro José Ramón Cossío, el derecho por sí mismo no resuelve problemas, pero da orden. Sin embargo, con este desorden, lo que se manifiesta es que la única ley que vale es la palabra del Presidente.