¿Y las finanzas públicas?

Ha pasado ya un año de gobierno.

El primero de diciembre, Andrés Manuel López Obrador superó 365 días de la madriza que es gobernar. Contrario a lo que declaró hace poco, gobernar no es sencillo; el gobernante se enfrenta a las demandas de liderazgo hasta en situaciones donde no interviene directamente o tiene culpa y, a las crisis recurrentes –autoinfligidas o no–, que surgen en el ejercicio del poder.

La estrategia de López Obrador frente al ejercicio cotidiano del poder y las crisis ha sido más dogma que ejercicio, más conferencias de prensa que soluciones basadas en evidencia y experiencia, más en seguidores que en especialistas.

Una de las pocas excepciones ha sido el manejo de las finanzas públicas y sorprendentemente –para bien–, en la reciente terna de mujeres postuladas a la Suprema Corte. En el caso de las finanzas públicas, los analistas hablan de un manejo prudente y experimentado de la política fiscal por parte del secretario Arturo Herrera.

Sin embargo, en fechas recientes se han dado señales de preocupación para el entorno macroeconómico del país, no obstante el profesionalismo del secretario y por las señales encontradas de su jefe. Son estas señales las que han frenado la economía durante este año y han puesto al secretario en una posición incómoda:

entre darle gusto a los caprichos del Presidente y mantener la disciplina y certidumbre para los inversionistas.

El comunicado de prensa mensual publicado por la propia SHCP el viernes pasado da cuenta de ello. El balance primario, el indicador que indica los ingresos menos el gasto, sin incluir el costo financiero de la deuda pública y los pasivos garantizados por el gobierno, presentó un superávit de 296.5 mil millones de pesos.

Gran parte de ello se trata de un subejercicio del gobierno, es decir, no está gastando en proyectos ni inversión física.

Por una parte, en el lado de los ingresos, en total, éstos cayeron en 0.3 por ciento. Aquí, hay que resaltar uno de los únicos rubros que crecieron en los ingresos fue el impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos en 9.3%, es decir, el impuesto que se le cobra a las empresas privadas que participan en el sector a raíz de la reforma energética.

En otras palabras, se está recaudando más producto de esta reforma, contrario a la narrativa gubernamental que la denosta.

Por el lado del gasto, como se mencionó arriba, hay un subejercicio del gasto con respecto a lo proyectado en el Presupuesto 2019 y también, con respecto al gasto del mismo periodo del año pasado. Esto impacta en programas gubernamentales importantes que generan incentivos y que han sido sometidos al “austericidio” de la 4T.

Lo más relevante es la disminución de 13.5% real en la inversión física del gobierno y la disminución real del 5.4% en gastos de operación del propio gobierno (salarios, servicios, etcétera).

Así, la crisis ha sido en gran medida autoinfligida y hasta una cadena causal: disminución de la inversión y gasto del gobierno más medidas irracionales (como la cancelación del Nuevo Aeropuerto) causaron incertidumbre y, por ende, disminución en la inversión privada.

El efecto: crecimiento cero (o recesión) ante bandazos de un gobierno unipersonal.