Y mi palabra es la ley

Quema todas las leyes del reino.

¡Mi boca será el parlamento de Inglaterra!

Enrique VI, de William Shakespeare

Imagine usted que el Presidente y su gobierno desean, sin mayores estudios ni planeación, construir una instalación petrolífera en un manglar. El daño ambiental es visible y la instalación no tiene sentido comercial, viabilidad económica ni de logística para el país.

En un país democrático, con instituciones y leyes fuertes, esto sería inaudito y frenado mediante mecanismos legales de defensa como el amparo. Sin embargo, en México, una refinería (Dos Bocas) es construida en un manglar en Tabasco y, al igual que otros proyectos del gobierno, como el Aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y otros sin mayor viabilidad financiera, el gobierno pretende acelerarlos usando normas hechizas e inconstitucionales en su favor.

Con dogmas encubiertos detrás de un acuerdo publicado por la noche del lunes en el Diario Oficial, el gobierno ahora usa la “seguridad nacional” como excusa y objetivo. Toda aquella actividad “en beneficio del pueblo” es declarado así, “seguridad nacional”, intocable por los ciudadanos que no coinciden o son afectados por los proyectos faraónicos. Por arte de magia, cualquier principio de derecho administrativo y constitucional es echado por la borda. Una vez más, los rasgos autoritarios y dotes de improvisación jurídica son publicados en un documento sin pies ni cabeza.

En el acuerdo, todos los proyectos y obras a cargo del gobierno federal asociados a infraestructura en, entre otras, comunicaciones, telecomunicaciones, energético, ferrocarriles, aeropuertos y “los que se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”, son, entonces, exentos de los procesos tradicionales de licitación pública y transparencia. En cambio, al declararse como de “seguridad nacional”, los proyectos son, en automático, confidenciales y pueden ser adjudicados en forma directa (sin licitación) a los contratistas favoritos del gobierno. En efecto, dejan abierta la posibilidad de que cualquier proyecto de infraestructura realizada por el gobierno entre en esta clasificación. El gobierno pretende acelerar sus Dos Bocas, Santa Lucías y Trenes Maya sin cumplir la Constitución ni las leyes.

Esto no sólo es problemático para efectos de corrupción, sino que, en caso de causar afectaciones a los derechos humanos de los ciudadanos o comunidades, al clasificarse como proyectos de seguridad nacional, el Poder Judicial no puede otorgar suspensiones al solicitarse el amparo.

En ese sentido, aunque suene descabellado, con la mera palabra y ocurrencia presidencial, los terrenos aledaños a su quinta en Palenque, Chiapas, podrían ser considerados prioritarios para el desarrollo nacional y adquiridos y adjudicados por el gobierno en forma directa para la construcción de una quinta mucho más grande y lujosa, invadiendo incluso zonas arqueológicas.

El acuerdo, al igual que otras normas administrativas e iniciativas de leyes en materias como energía e infraestructura de esta administración, demuestra que el gobierno ignora los principios constitucionales y considera la palabra presidencial como la única ley. Su boca será el parlamento.

clm