Contención de la CRE es un balazo en el pie para Sener

La Comisión Reguladora de Energía (CRE), cuyo pleno preside Guillermo García Alcocer, se quedará con tres integrantes, una vez que Montserrat Ramiro Jiménez renuncie por motivos de salario.

Se han quedado los cargos vacíos de Neus Peniche, quien se incorporó a la Sener; Jesús Serrano terminó su periodo y Marcelino Madrigal retoma su plaza en el Banco Mundial por estabilidad profesional.

Las renuncias harán inoperante al pleno, pues el artículo 10 de la Ley de los Organismos Coordinados del Sector Energía establece que los órganos de gobierno pueden tomar decisiones si hay mayoría de al menos cuatro de sus siete integrantes.

Lo curioso es que la intención de “contener” la capacidad de un órgano regulatorio desconcentrado hará las veces de un autoboicot para la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y las empresas públicas del Estado. ¡Un balazo en el pie!, y luego ¿a quién se le echará la culpa?

Para su estrategia de distribución de combustibles, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que pagará 85 millones 393 mil 97 dólares por la adquisición de 571 autotanques de diferentes configuraciones y capacidades que comprará en Estados Unidos a 4 empresas que tienen plantas en México: Navistar, Traylfer, Fruehauf y Detroit Diesel Allison/Daimler  y si bien no se recibirán la semana que entra porque hay que armarlos (toma de 6 meses a un año), para que circulen requieren autorización del pleno de la CRE, aunque sea de Pemex.

No hay comunicación entre la Sener y la CRE, todo ha quedado en los oficios. Si se quiere cerrar una estación de servicio acusada de huachicol, no podrá ser dada de baja si el pleno no lo autoriza, tampoco puede darse un alta o una baja de estaciones o permisionarios de almacenamiento o transporte, ni definir tarifas de gas natural, electricidad o gas LP.

La gran interrogante es por qué si la intención de López Obrador es revertir la reforma energética impulsada por el presidente Peña –como lo mencionó en su campaña y en la toma de protesta– y ello implica modificar el modelo de órganos de regulación con autonomía técnica en el sector, no decide enviar una reforma constitucional para lograrlo.

Entre que hay o no reforma, si urge que el Ejecutivo y el Legislativo designen y ratifiquen a tres comisionados de la CRE (4 cuando se vaya Ramiro) y dos más en la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), para que sus órganos de decisión funcionen en los términos de la ley.

En la CNH hay una situación tan drástica porque se mantienen los comisionados, Alma América Porres (presidenta interina en el órgano de gobierno), Néstor Martínez, Sergio Pimentel, Héctor Moreira y Gaspar Franco, sesionaron el 15 de enero para autorizar desarrollo de campos petroleros.

No queda claro lo que se propone la administración en política energética, pero si tiene en cuenta que hay cerca de 5 mil participantes del sector privado que requieren claridad regulatoria, se podrá entender el  porqué corren como verdad las  versiones sobre la intención “declarada” en encuentros con el sector privado, de que los órganos regulatorios le importan un “bledo” a la secretaria. “La Nahle dijo ….” es la oración recurrente en las pláticas del sector. Creo que a ella le urgen “sus” comisionados y al país evitar parálisis en este tan prioritario sector.

DE FONDOS A FONDO

Por cierto, escuché una declaración de la secretaria Rocío Nahle explicando que una de las razones por la que las plantas de Salamanca y Cadereyta no estaban operando como debieran se debía al “desmantelamiento” de las refinerías que ocurrió en la administración pasada.

Se refirió a la venta de la planta de hidrógeno de Cadereyta y al preguntar al equipo la razón de la inactividad, se le dijo que Pemex la había vendido y que ahora se tenía que pagar un millón de dólares por el suministro del hidrógeno necesario para producir refinados.

Es cierto, fueron operaciones públicas y auditadas entre 2017y 2018 y resultado de una estrategia para bajar los paros técnicos por la falta hidrógeno en destilados.

Las hidrogenizadoras estaban paradas el 90% del tiempo y rehabilitar la planta en Tula, por ejemplo, implicaba meterle 200 millones de dólares, además de que no asegura el suministro requerido de forma permanente.

En el mundo hay cuatro compañías que producen hidrógeno y el contrato al que aludió la secretaria fue documentado y evaluado por la SFP y la ASF; está en el portal de transparencia e implicó pagar 80 millones de dólares por la planta y la firma de un contrato de suministro confiable de hidrógeno con 30% de descuento (documentadamente) producirlo a Pemex. Si no se entrega corre multa, pero si Pemex no compra, también. El contrato de suministro cuesta un millón de dólares contra 1.4 millones de dólares que tenía que pagar internamente a la empresa cuando había hidrógeno. El contrato se firmó con Air Liquid México en Tula, con Linde en Madero por 40 mdd y 20 años de suministro, en Cadereyta con Praxair.

Ahora, declarar que se investiga posible corrupción por la venta de la hidrogenizadora en Cadereyta…. pues es mejor revisar a detalle la información disponible y no depender de versiones “interesadas”, pues han embarrado a la secretaria por desconocimiento de forma recurrente.  Usted, ¿qué opina?