Alicia Salgado

Cuenta corriente

Alicia Salgado

7 Ene, 2022

México agotó todas las instancias. Se va a panel

Uno de los temas críticos desde que se efectuó la renegociación del T-MEC de 2016-18 fue la definición de reglas de origen automotriz, punto que, por la importancia de la industria ensambladora establecida en México y su impacto económico (4% del PIB), fue difícil de negociar entre los equipos técnicos de la USTR, de Robert Lighthizer, y el equipo que encabezó Ildefonso Guajardo en su momento.

En el cambio de gobierno de Trump a Biden, con la llegada de Katherine Tai a la USTR, salió el equipo técnico negociador de las reglas de origen, incluyendo las de componentes básicos, y el nuevo equipo las desconoció generando una fuerte controversia en la industria automotriz establecida en los tres países, porque no sólo se aumenta del 62.5% al 75% el porcentaje de componentes de un vehículo que debe ser producido en cualquiera de los tres países de forma original, sino que requiere que los componentes básicos de un vehículo, como el motor, el sistema de transmisión y de baterías, califiquen como originarios (y no tengan partes fabricadas fuera de la región de Norteamérica), para que se beneficien del arancel cero que conlleva el T-MEC.

La intención fue limitar el contenido externo de vehículos fabricados no sólo en México, también en Estados Unidos y Canadá. Desde el punto de vista de México, si un componente básico del vehículo califica como original de Norteamérica, éste computa para el 75% de componentes fabricados en la región, aun si alguna parte del componente básico es fabricado fuera de la región.

Estados Unidos considera que, si se introduce un componente externo a la región en una parte básica de un vehículo, ésta no puede computar para acumular el 75% de valor final que se requiere para exentar el arancel, aun cuando esa parte básica tenga suficiente contenido norteamericano para calificar por sí sola como original.

Se habló en todos los niveles y foros bilaterales y, dado que las consultas solicitadas por México, a las que se sumó Canadá desde el 20 de agosto pasado, no funcionaron, como le anticipé entonces, se definirán en un panel de resolución de controversias.

El tema parece complejo, pero la realidad es que es un asunto político. En Estados Unidos, la presión política para volver a atraer inversión, producción y contratar mano de obra local se convirtió en el tema de fondo de la política de comercio exterior y, en el caso de Tai, su cercanía con los sindicatos del sector automotriz (poderosos en movilización de voto), que la llevan al Comité de Comercio Exterior, la hacen “políticamente inflexible” ante este tema, que debe ser resuelto técnicamente.

Por ello se justifica la decisión de México de convocar el panel.

Para algunos será un punto de fricción que podría acabar con el T-MEC, para otros, es un punto toral para definir la competitividad en términos de costos de la industria automotriz establecida en México, pero incluso para la industria estadunidense, la radical interpretación de la USTR tendrá un impacto importante en precios de mercado.

El informe al Congreso de Tai, que conoce muy bien la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, minimiza ese impacto económico y dice que el beneficio de mantener una regla de origen más estricta en el tema de autos ligeros armados en Canadá o México tendrá un leve impacto en precio, pero, a la larga, provocará elevar la producción en Estados Unidos y, con ello, la contratación de mano de obra.

En caso de no alcanzarse un acuerdo favorable a México, varias armadoras, incluyendo las norteamericanas, han considerado que sería mejor pagar el 2.5% de arancel OMC por un vehículo exportado a Estados Unidos que el costo-efecto que tendría la reconfiguración de la producción y el eslabonamiento que conlleva. Esto último lo tienen claro también en la USTR.

 

DE FONDOS A FONDO

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