El precio del desarrollo limpio en las comunidades marginadas (parte 2)

El caso de las presas del Río Mekong es sólo un ejemplo de cómo los gobiernos de algunos países en desarrollo han mal entendido el concepto de seguridad energética. 

 

En Latino América tenemos casos similares al de estas comunidades, por ejemplo, en el caso de México, los conflictos socioambientales derivados de la construcción de presas se han incrementado en las últimas décadas.

 

A partir de la segunda mitad del siglo XX, el gobierno mexicano invirtió una gran cantidad de recursos económicos en la construcción de grandes presas y plantas hidroeléctricas. Estos megaproyectos se llevaron a cabo dejando de lado los impactos socioambientales que implicaban la construcción de éstas obras. Una de las consecuencias sociales más importantes fue el desplazamiento de comunidades enteras, sobre todo de comunidades indígenas. 

 

La construcción de obras de infraestructura hidráulica en México desplazó a más de 22,000 mazatecos en Oaxaca con motivo de la construcción de la presa El Temascal (1949), de 5,500 personas en Michoacán con la presa El Infiernillo (1961), de 15,483 Tzotziles y Mestizos para construir La Angostura (1972), en Chiapas; 25,000 Chinantecos y Mazatecos en el caso de la presa Cerro de Oro (1974) en Oaxaca; y de 5,000 Nahuas con la presa El Caracol en Guerrero.

 

Retomando el caso de Michoacán por ejemplo, hace poco más de 50 años, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) expropió a los campesinos del ejido “Las minitas” aproximadamente 300 hectáreas de tierras para la construcción de la presa Adolfo López Mateos, conocida como “El Infiernillo” (ubicada en el cauce del Río Balsas, entre los límites de los estados de Guerrero y Michoacán) para la generación de energía. Las tierras habían sido entregadas a los ejidatarios desde el sexenio de Lázaro Cárdenas, cuando las expropió a los hacendados; en éste lugar, se sembraban frutas como sandía y melón, que quedaron bajo el agua, además de que hasta la fecha, la CFE no les ha pagado lo acordado por las tierras.

 

A partir de la década de los noventa del siglo pasado se han registrado en México movimientos sociales opositores a la construcción de grandes proyectos hidráulicos, entre los que destacan el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER). 

 

Estos movimientos sociales han puesto en entredicho la idea de que la energía eléctrica producida por medio de centrales hidroeléctricas es una energía limpia -ya que la inundación de grandes territorios producen gases de efecto invernadero- sobre todo en zonas boscosas y con amplia vegetación.  

 

En Asia, África y América del Sur las represas producen masas de metano por la inundación de los bosques tropicales en ellas. Ya en 2007, investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil calculó que las represas más grandes del mundo emitieron 104 millones de toneladas de metano anualmente y fueron responsables de un 4% de la contribución humana al cambio climático.

 

A raíz de los múltiples impactos, tanto sociales como ecológicos, han surgido organizaciones mundiales como la Comisión Mundial de Represas, la cual ha reconocido que las enormes inversiones y los impactos generalizados de las grandes represas han inflamado conflictos relacionados con su ubicación e impacto -tanto las existentes como las propuestas-, convirtiéndolas hoy en día en uno de los asuntos más controvertidos en materia de desarrollo sustentable.

 

Las múltiples implicaciones de la construcción de presas tanto para fines de producción de energía eléctrica, como para abasto de agua potable e irrigación de cultivos, han generado movimientos locales de resistencia a estos proyectos. 

 

En México un caso particular es el de comunidades como Temacapulín en Jalisco, que han resistido a la construcción de presa “El Zapotillo”. Éste proyecto pretende inundar alrededor de 4,500 hectáreas que afectarán tierras de temporal y de riego de alta rentabilidad además de las tierras de agostadero dedicadas a la ganadería. En esta zona también hay áreas boscosas de roble y antiguos sabinos, que forman parte de un frágil ecosistema que alberga especies endémicas; parte de la biodiversidad que desaparecerá bajo el agua. Los daños ambientales incluyen también la desaparición de manantiales de aguas termales, de gran aprecio en la comunidad por sus propiedades curativas y terapéuticas, y que atraen a muchos visitantes de la región.

 

La defensa por el territorio por parte de los pobladores de Temacapulin ha resultado un proceso complejo, donde los pobladores han utilizado diversos recursos durante varios años, entre los que destacan las movilizaciones sociales, recursos legales, recursos de difusión y alianzas con diversas organizaciones de la sociedad civil. En el 2008 los pobladores de estas comunidades formaron la organización denominada “Comité Salvemos Tamaca, Acasico y Palmarejo”, para resistir ante el inminente desalojo que sufrirían los pobladores de estas tres comunidades de los Altos de Jalisco.  La resistencia ante la construcción de la presa El Zapotillo ha puesto de manifiesto los múltiples impactos socioambientales, pero sobre todo una serie de arbitrariedades en la toma de decisiones las cuales privilegian el desarrollo de las grandes urbes, a costa del despojo, desplazamiento y desalojo de comunidades rurales.  

 

Sin embargo, en América Latina también tenemos casos de gobiernos que han privilegiado el bienestar de sus minorías como en Costa Rica. 

En 2008 el gobierno costarricense inició la construcción de la Presa El Diquis la cual iba a tener consecuencias e impactos ambientales, sociales y culturales en algunas comunidades indígenas cercanas a la Presa, sobretodo el Pueblo Teribe el cual iba a sufrir la inundación de al menos 10% de su territorio.

 

Ante la presión de la opinión pública, el gobierno de Costa Rica invitó a James Anaya, Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, a hacer un diagnóstico sobre dicha situación. 

 

El Relator Especial publicó en mayo de 2011 el documento “La situación de los pueblos indígenas afectados por el proyecto hidroeléctrico El Diquís en Costa Rica” en donde señaló la importancia de realizar en las comunidades afectadas un proceso de consulta sobre el proyecto previo para lograr un consentimiento libre pero sobre todo informado. 

 

A la fecha, el proyecto continúa parado en espera de que el gobierno diseñe talleres de información sobre el proyecto en las comunidades afectadas y la consulta.

 

Estos casos son sólo ejemplos de cómo los gobiernos pueden trabajar la seguridad energética, con resultados en contra o a favor de sus poblaciones y no sólo de los beneficiarios. Los gobiernos deben garantizar el acceso a la electricidad de una manera eficiente y a un precio que permita que las comunidades más marginadas tengan la oportunidad de desarrollarse de una manera limpia y sustentable, al mismo tiempo, invertir en nuevas tecnologías e investigación para que la actual y creciente demanda, por parte de las ciudades, sea abastecida de una manera más eficiente. Es responsabilidad del gobierno, de la iniciativa privada y de la sociedad civil el velar no sólo por un desarrollo más limpio, sino que además sea equitativo, democrático e incluyente.

 

Referencias:

Acquatella Jean, “Energía y Cambio Climático: Oportunidades para una Política Energética Integrada en América Latina y el Caribe”, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Chile, 2008.

Anaya James, “La situación de los pueblos indígenas afectados por el proyecto hidroeléctrico El Diquís en Costa Rica”, 30 de mayo de 2011.

Asian Development Bank, “Sector Assistance Program Evaluation for the Energy Sector in Lao People’s Democratic Repubic”, October 2010.

Informe de la Comisión Mundial de Represas (2000). Represas y Desarrollo: un nuevo Marco para la Toma de Decisiones. Una síntesis.   

International Energy Agency, “Southeast Asia Energy Outlook”, France, 2013.

Lezama Escalante, Cecilia. “Temacapulín: la lucha de un pueblo que se resiste a desaparecer”.

Varchol Douglas, Documental “Mekong”, Institute of Governance and Sustainable Development, 2013.