Argentina y los fondos “buitre”

Ciudad de México.- Recientemente, la Corte Suprema de Estados Unidos decidió no revisar el fallo de un juez con respecto al caso de la demanda de los holdouts contra la República de Argentina. La noticia representa el principio del fin de la última esperanza que le quedaba al gobierno de ese país para evitar liquidar una deuda con quienes considera se aprovecharon de la situación de la nación.

Los holdouts, o “fondos buitre” (como los considera el gobierno argentino), son fondos que adquirieron deuda soberana de ese país en el mercado en momentos de crisis (no en el tiempo de su emisión) y que reclaman la totalidad del valor nominal, más intereses. En otras palabras, son compañías que adquirieron deuda argentina en el mercado secundario con un precio por debajo del establecido nominalmente por el gobierno, con la intención de que, cuando esta madurara, obtendrían dicho valor nominal más los intereses del mismo.

Se denominan holdouts debido a que, luego del default argentino en el 2001, el país negoció con el 93% de los tenedores de sus bonos un recorte en el valor nominal de los mismos, es decir, una reducción en la cantidad que recibirían al momento de su madurez (conocido como “haircut”) además de modificar el plazo de vencimiento, lo cual no fue aceptado por el 7% restante de acreedores (holdouts). La deuda total de argentina era aproximadamente 100,000 millones de dólares.

El rendimiento requerido por los inversionistas puede subir para la deuda soberana de los países emergentes.

Parte de estos “fondos buitre” entablaron demandas contra el gobierno de Argentina en Nueva York, lugar cuya jurisdicción el país se comprometió a respetar como cláusula que los acreedores pidieron al momento de la renegociación de su deuda soberana. El problema es que poco menos del 1% de los holdouts lograron que un juez en Nueva York condenara a Argentina a pagar la totalidad de lo adeudado con ellos, lo cual deja abierta la posibilidad de que el resto del 7% que no aceptaron el canje entablen demandas similares, algo que podría costarle a Argentina 15,000 millones de dólares, más de la mitad de las reservas del banco central de ese país. Cabe destacar que, además, Argentina tiene una cláusula en su deuda reestructurada que indica que si llegase a pagar más a los que se quedaron fuera del canje, entonces aquellos que sí lo aceptaron también serían acreedores al incremento.

El país solicitó a la Corte Suprema estadounidense que revisara el caso, con la esperanza de que anulara el fallo en su contra, pero la institución se negó siquiera a atraerlo.

La reacción del mercado no se hizo esperar y el Merval de Buenos Aires (principal índice de cotizaciones de ese país) cayó 10% apenas se supo la decisión de la Corte Suprema, mientras que el bono de deuda de la nación con vencimiento a 2033 subió más de 100 puntos base en una sola jornada. Estos movimientos están justificados ya que, si Argentina paga esa deuda, no tendría más remedio que quedarse prácticamente sin reservas, con lo cual sería imposible continuar regulando el valor del peso argentino, desatando a su vez una importante devaluación, algo que desgastaría las finanzas de las empresas, el consumo privado y la inversión. Además generaría descontento y potencialmente inestabilidad social ya que existen mercados como el inmobiliario que se manejan en dólares.

Argentina puede tener una crisis si se le obliga a pagar inmediatamente.

Como todavía existen algunos inversionistas que continúan empleando una mirada regional en lugar de nacional en temas de deuda, es posible que se observe un incremento en la volatilidad sobre el valor de la deuda soberana latinoamericana,  aunque la magnitud del impacto dependerá de las condiciones económicas de cada país, razón por la cual no se espera que países como México, cuyas finanzas públicas se consideran sanas, enfrenten una salida de capitales de su mercado de deuda.

Argentina aún mantiene la esperanza de que el juez neoyorkino, al momento de establecer las reglas del pago, permita una nueva negociación de la deuda o establezca un plazo para su liquidación, aunque también existe la posibilidad de que ordene el pago inmediato al menos del 1% de los acreedores de holdouts que ganó la demanda. Si el juez permite que se cumpla con el pago después de diciembre, Argentina quedaría libre de liquidar el diferencial al resto de los acreedores, puesto que la cláusula de subordinación de deuda (discriminar entre acreedores) caduca en dicho mes. Esto generaría un menor impacto sobre sus finanzas públicas y sobre su sistema financiero, pero en el largo plazo tendría un mayor impacto sobre el sistema financiero de Latinoamérica, ya que podría provocar un incremento en la tasa de rendimiento requerida por los inversionistas de la deuda soberana por el riesgo de que otro país haga la mismo.

El caso de Argentina puede sentar un precedente en el manejo de la deuda soberana después de una quita.

Cabe destacar que el fallo actual le impide a Argentina seguir pagando al 93% de los acreedores que sí aceptaron el canje, pero existe la posibilidad de que el país desacate el fallo y continúe pagando en territorio argentino en lugar del estadounidense, algo que no se sabe cómo contestarían los acreedores, quienes es posible que solicitaran nuevas condiciones para dicha medida, además de que desacatar el fallo judicial estadounidense alejaría a Argentina de los mercados financieros internacionales.

Lo cierto es que el problema de los fondos buitre, las cuentas públicas de Argentina y sus impactos sobre Latinoamérica seguirán siendo tema a tener presente durante los próximos meses debido a que sus implicaciones podrían modificar la manera en la cual los países lidian con su deuda soberana.

*livm