La necesidad de una nueva reforma fiscal

CIUDAD DE MÉXICO.- El reciente desempeño de la economía mexicana y los sucesos económicos internacionales recientes han llevado a no pocos analistas a ser poco optimistas sobre las perspectivas económicas del país en el futuro cercano. Esto ha desembocado en un reclamo al gobierno para que tome acciones que incentiven un mayor crecimiento de la economía. Si bien se han implementado varias reformas que han prometido sacar a México del precario crecimiento económico reciente, aún quedan temas en la agenda por tratar.

Es bajo este contexto que resulta interesante la propuesta del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), publicada en el 2012. La publicación del CEEY se enfoca en reformar la Hacienda Pública y el Sistema de Protección Social para brindar mayor bienestar social a la población mexicana. Si bien el año pasado se aplicó una nueva Reforma Hacendaria, esta fue criticada por ser insuficiente. Es por ello la importancia de volver a poner a debate esta cuestión.

En las últimas décadas la Hacienda Pública ha logrado procurar estabilidad macroeconómica pero no ha funcionado como instrumento para promover el crecimiento económico y el empleo. El problema de recaudación de la Hacienda Pública se ve escondido debido a los ingresos petroleros. A su vez, la estructura de la carga impositiva no es la mejor en términos de progresividad  de la recaudación y del gasto público. Esto conlleva una baja carga fiscal y a una fuerte ineficiencia redistributiva de la política fiscal.

El CEEY propone que por el lado de los ingresos, se debe crear un sistema tributario que se concentre en recaudar impuestos al eliminar los regímenes tributarios especiales, exenciones, tasas diferentes del IVA y subsidios generalizados de escasa rentabilidad social. Por el lado de los egresos, se deben otorgar subsidios razonables y focalizados para elevar el bienestar de quienes menos tienen, elevar la equidad del gasto público, y generar una política fiscal orientada al crecimiento económico.

Otro problema fundamental es que tenemos un sistema dual de protección social que no da acceso universal efectivo ni es sostenible en el largo plazo. Es por ello que se debe garantizar el acceso de todos los mexicanos a un paquete mínimo de derechos sociales, que sea sostenible fiscalmente y promueva el crecimiento económico.

El costo de una reforma de protección social propuesta por el CEEY es de un incremento de 5 puntos porcentuales del PIB en la recaudación fiscal. El CEEY propone que esta mayor recaudación debe de conseguirse vía impuestos generales al consumo, a los ingresos y a las ganancias, la eliminación de los regímenes especiales (3.4% del PIB) y mediante la mayor eficiencia tributaria para recaudar (al menos 0.5% del PIB).

El documento analiza que para implementar y financiar estas reformas, se necesita que se aprueben en conjunto. Es por ello que esta propuesta plantea lo siguiente.

1.- Un sistema de protección social universal consistente en:

•  Ingreso mínimo universal
•  Acceso efectivo a la salud
• Seguro de vida e invalidez
• Pensión mínima universal

2.- Convergencia de todos los sistemas de salud públicos, contributivos y no contributivos.

3.- Revisión de los programas sociales para asegurar que sean un motor redistributivo.

4.- Eliminación de las exenciones y regímenes especiales impositivos que incluye la generalización del IVA.

5.- Eliminación de los subsidios generalizados, particularmente a la gasolina y reducción de los demás subsidios energéticos.

6.- Focalización de las transferencias a las familias más pobres para resarcir el impuesto adicional que pagarían.

7.- Mejorar sensiblemente la transparencia y rendición de cuentas del gasto público en los tres niveles de gobierno.

Asimismo, universalizar el sistema de protección social y mejorar la posición de la Hacienda Pública tendría al menos las siguientes consecuencias:

1.-Establecería un piso mínimo de bienestar a toda la población.

2.- Mejoraría la distribución de la riqueza.

3.- Ni empresas ni trabajadores harían contribuciones al IMSS, ISSSTE, etc., lo que mejoraría significativamente la competitividad y los ingresos de los trabajadores.

4.- El Gobierno Federal dejaría de demandar recursos del sistema financiero que serían entonces canalizados a actividades productivas.

5.- Al separar el tema de protección social de la Ley Federal del Trabajo se destrabaría su proceso de reforma. Se podrían flexibilizar los mercados laborales para aumentar su eficiencia y la productividad.

6.- Habría recursos para financiar la reforma penal en curso y dar acceso efectivo a la justicia de calidad a toda la población.

Como se puede apreciar, pocos fueron los temas tratados en la Reforma Hacendaria del 2013, a pesar de que este documento fue publicado en el 2012 por un grupo de 30 expertos convocados por el CEEY. La Reforma Hacendaria del Gobierno Federal avanzó en la cuestión de tratar de hacer más progresivo el sistema tributario, sin embargo, el aumento real de la recaudación durante enero-septiembre fue de 3.3%, cifra insuficiente para satisfacer las crecientes demandas de la población mexicana y compensar las caídas del precio del petróleo. Es por ello que es importante destacar esta propuesta para que se ejerza presión para reavivar el debate sobre la suficiencia de las reformas implementadas y surjan nuevas y diferentes propuestas que ayuden a abatir el estancamiento económico que hemos estado por décadas.

*DR