Cofetel en condición de decidir

El miércoles pasado especulé sobre cómo podría registrarse la votación en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con relación al tema de externalidad en el análisis del amparo sobre tarifas de interconexión que involucra a Axtel, de Tomás Milmo, y a Telcel, de Daniel Hajj. Algunos me deben la comida.

Ayer, sólo tres ministros (el ponente Ortiz Mayagoitia, el ministro Valls y el ministro presidente Juan Silva) votaron a favor de eliminar la externalidad en el modelo de costos que utilizó Rafael del Villar para fijar tarifas retroactivas de 2006 a 2007 y el resto simplemente rechazó la propuesta.

La decisión mayoritaria implica que la SCJN continúa afirmando la facultad técnica al regulador para que pueda implementar políticas públicas (como “El que Llama Paga” y el uso de modelos de costos que incorporaron un sobreprecio para aumentar la penetración de la telefonía celular), siempre y cuando “funde y motive” adecuadamente sus resoluciones y que las medidas que adopte “sean racionales”.

De hecho, confirma la legalidad del modelo usado por la Cofetel de Héctor Osuna, para la fijación de tarifas 2005-2007 (sobre las que trata el amparo en particular), aunque tendrá implicaciones directas sobre el resto de los amparos que están esperando.

Además, recuerde que Unefon obtuvo el efecto de “liso y llano” en otro amparo de periodos retroactivos, lo que hace probable que al pleno de la Cofetel, que preside Mony de Swaan, no le quede más remedio que ratificar las resoluciones previas a octubre de 2010.

Pero aún falta. Hoy continúa el Pleno de la SCJN analizando la práctica del “redondeo por minuto”, que utilizó la Cofetel cuando se apoyó “El que Llama Paga” y fijó las tarifas para 2005 y años posteriores.

Cabe señalar que Axtel le cobró las llamadas redondeadas por minuto a sus usuarios, pero como se inconformó legalmente decidió no pagar la diferencia a los operadores de telefonía móvil y jamás constituyó la reserva legal del caso, por lo que tanto la ratificación favorable de la externalidad y la posible evaluación como “legal” de la práctica de redondeo la colocarán en una situación financiera crítica.

Dado que el redondeo forma parte integral de la política adoptada por la Cofetel en esos años, la lógica indicaría que será aprobado por el Pleno de la SJCN.

El último tema a tratar será el de la diferencia tarifaria que se le impuso a Telcel respecto del resto de los operadores móviles, sin existir ninguna declaratoria de dominancia en los años a los que hace referencia esta disputa.

Ahora, en la Cofetel probablemente estén ya considerando “limpiar” el desaseado periodo 2008-2010, pues con lo que ha ido determinando la Corte y con lo que probablemente resuelva hoy quizá el órgano regulador ratifique las tarifas 2005-10, eliminando las contingencias futuras que tendrían operadores como Telefónica, que preside Francisco Gil (cinco mil 900 millones de pesos), Iusacell y Unefon, que dirige Adrián Steckel.

Por último, aunque la Cofetel, ya con Mony de Swaan en la presidencia del Pleno, decidió modificar la política a partir de 2010 y emite un modelo sin externalidad considerando que la penetración hoy es de 90%, en el que eliminó el cargo por externalidad y estableció el redondeo por segundo para las tarifas de 2011 hacia adelante, lo importante del análisis de la SCJN es que se reconoce como instrumento de política pública que, en mi opinión, podría ser usada para diferenciar tarifas y fomentar la inversión en zonas rurales no rentables.

De Fondos a Fondo

La decisión de Bruno Ferrari, secretario de Economía, de aplicarle la “quebradora” a Toyota México, que dirige José Manuel del Barrio, tiene origen cuestionable, reacción desafortunada y desenlace incierto.

Usted sabe que la AMIA, que preside Eduardo Solís, interpuso un juicio de nulidad contra el proyecto de NOM de Eficiencia Vehicular, al advertir la falta de oídos y sensibilidad de la Subsecretaría de Normatividad de la Semarnat, a cargo de Sandra Herrera, y justamente como parte de esa estrategia se decidió que cada empresa también interpusiera un juicio de nulidad sobre el mismo asunto. Pues resulta que, hace dos semanas, la primera empresa que obtuvo una suspensión temporal del proceso en la Cofemer fue Toyota y, al negarse a retirar el juicio, pues le vino la represalia.

Primero se los dijo y hoy se los concretó, al enviar a la Cofemer una modificación para aumentar de 50 mil a 100 mil el número de vehículos que se deberán armar en México para ser consideradas industrias automotrices terminales y, con ello, conservar los beneficios arancelarios.

Lo que le puedo decir es que Toyota estuvo incumpliendo a lo largo del sexenio y pese al reclamo de las otras armadoras nunca se actuó, sino después de una reunión en la que estaban todos los representantes de la industria automotriz y Del Barrio tuvo una reacción de reclamo acalorada con Bruno. Dicen que “no se midió”, pues al final, y con todo y TLC con Japón, Toyota ha incumplido con el compromiso de inversión que hizo tanto en volumen como en inversión, dado que la planta de Tijuana le genera entre 30 y 40 mil de producción promedio. ¿Quién ha estado mal?

En Grupo Aeroméxico las noticias no se detienen. Ayer por la mañana la aerolínea anunció la venta de 20% de acciones de Club Premier a su socia canadiense Aimia, líder en programas de lealtad.

El valor de esta subsidiaria ronda los 518 millones de dólares, monto no imaginable tan sólo hace un par de años, cuando se creó esta área de negocio de Aeroméxico. Entonces valía 170 millones de dólares.

Hoy Aimia tiene 49% y Aeroméxicio 51% (posición valuada en 260 millones de dólares) y Club Premier sigue siendo el programa de coalición líder en el segmento de consumo con más de tres millones de socios.