Pide SCT prórroga para regulación asimétrica en telecomunicaciones

Sorprendieron las declaraciones del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, al solicitarle a legisladores del PRI y PVEM que busquen “mecanismos legislativos” para que el IFT no se vea presionado a cumplir con el plazo fatal, que vence el 9 de marzo, y que quedó establecido en la Constitución, para determinar la preponderancia y medidas de regulación asimétrica a Televisa y América Móvil en el servicio de telecomunicaciones y radiodifusión.

En otras palabras, lo que pidió Ruiz Esparza es que los legisladores cambien las fechas fatales que absurdamente fijaron en la Constitución con la reforma de telecomunicaciones y que ellos mismos fueron los primeros en no cumplir porque la primera fecha para aprobar la legislación secundaria venció el pasado 9 de diciembre, y como no hay sanciones, no pasó absolutamente nada.

Ruiz Esparza reconoció también que el IFT inició ya el procedimiento, aun cuando no existe la reglamentación secundaria.

Y aunque el IFT es autónomo, aseguró que la preponderancia es un tema sensible y que deberá cuidarse no desincentivar a las inversiones de prestadores de servicios ante el riesgo de ser declarados preponderantes, sobre todo en regiones en la que no haya otros participantes.

Llamó la atención que se refirió a la desincorporación de activos por parte de Telmex –aunque nunca mencionó directamente a la empresa de Carlos Slim– y reconoció que la SCT no puede acreditar si la información es veraz.

No obstante, subrayó que, si algún prestador de servicio empieza a tomar medidas legales para no ser declarado preponderante, se debería considerar como un éxito de la reforma de telecomuniciones.

Aseguró que la SCT ya tiene muy avanzada la legislación secundaria y se inclinó a favor de que el presidente Enrique Peña Nieto la envíe como una iniciativa preferente al Congreso cuando inicie el próximo sábado el periodo ordinario.

No se ha determinado aún —al menos no oficialmente— si Peña Nieto optará por enviar primero la legislación de telecomunicaciones junto con la de competencia económica o si se dará prioridad a la Reforma Energética.

En ambos casos estamos hablando de legislaciones secundarias muy complejas porque abarcan cambios a más de 20 leyes.

La prórroga, no sólo para la regulación asimétrica de las empresas preponderantes en telecomunicaciones, sino de toda la agenda del IFT, es necesaria porque no hay forma de que esté concluida el 9 de marzo.

Lo que habría que preguntarse es si sería mejor que el presidente del IFT, Gabriel Contreras, saliera de su cómoda actitud de avestruz y fuera el primero en reconocer la problemática que enfrentan para cumplir con una agenda y lo difícil que resulta llegar a acuerdos en la nueva Junta de Gobierno. Porque no hay que olvidar que el IFT es autónomo.

Y desde luego, hay que recordar que Javier Lozano, senador del PAN y experto en telecomunicaciones, advirtió desde un principio que era un absurdo fijar en la Constitución fechas fatales que podrían incumplirse. El tiempo le dio la razón.

PMI ganó licitación de floteles

Finalmente Pemex dio a conocer los resultados de la subasta de los floteles, y ganó PMI subsidiaria de Pemex.

La postura fue por 5,000 millones de pesos por floteles que se construirán en los astilleros Hijos de J. Barrera, de Galicia y que ahora son controlados administrativamente por Pemex.

De acuerdo con Pemex, la oferta de PMI fue la mejor y el proceso se realizó con total transparencia.

70% de empresas usan software ilegal

Resultados pocos alentadores arrojó la encuesta sobre tendencias de consumo de software ilegal en México que realizó Parametría por encargo de la Business Software Alliance (BSA), que agrupa a los fabricantes de software y que dirige en México, Kiyoshi Tsuru.

Pese a las intensas campañas de la BSA y los operativos realizados en conjunto con el IMPI y la PGR, 70% de las empresas en México utiliza software ilegal, principalmente en descargas ilegales vía internet o el uso de un mismo programa por más de una PC.

En la presentación de la encuesta, Miguel Ángel Margáin, director general del IMPI, explicó que en 2013 se realizaron  mil 59 visitas de inspección y se clausuraron ocho establecimientos que se opusieron a la revisión de sus equipos.

Desde luego la principal razón del elevado uso de software ilegal en México es que muchas empresas consideran muy costoso instalar el original en todos sus equipos, aunque uno de los grandes riesgos que no evalúan es que están más vulnerables a problemas por virus.

La encuesta reveló al respecto, que 29% de las firmas reconoció tener problemas de códigos maliciosos y 22% tuvo pérdidas de información.

Entre los datos interesantes de la encuesta se revela que el sector financiero y el de manufactura, son los mejores en cuanto a la utilización de software legal y los peores son —aunque parece de Ripley— los sectores de desarrrollo de software, educación y construcción.