David Páramo

Análisis superior

David Páramo

5 Nov, 2014

Cuando el salario mínimo

Hace ya más de seis meses el jefe de gobierno de la ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, lanzó un debate que terminó saliéndose de las manos de los políticos porque no alcanzaron a comprender que se trata de un tema estrictamente económico y no de deseos.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México recordó algo que la gente medianamente informada sabe: que el salario mínimo ha perdido 70% de su capacidad de compra durante las últimas tres décadas y que se debe incrementar.

Cuando lo estudiaron bien descubrieron los impactos negativos que podría tener subir el salario mínimo por decreto, puesto que generarían inflación, crisis económica y la imposibilidad de las empresas micro y pequeñas para cumplir con este aumento lo que terminaría generando despidos.

Más todavía, se dieron cuenta de algo evidente: que el salario mínimo es considerado unidad de cuenta en más de la mitad de los ordenamientos federales y de leyes locales para adecuar multas, sanciones, financiamiento a los partidos políticos e incluso pago de hipotecas.

Así que si se quiere aumentar el salario mínimo sin dañar las principales variables económicas se tiene que quitar el carácter de unidad de cuenta al fijado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.

El problema comenzó cuando inició la búsqueda de alternativas que, para su administración llegaron a proponer la creación de un nuevo indicador para la capital vinculado a la inflación esperada por Banco de México; es decir, de 3% más menos uno, así como una cosa medio hipster como dar prioridad a empresas que paguen lo que consideran como el salario mínimo justo en obras con el gobierno.

Parecería que hasta ahí llegó la buena intención de la administración Mancera.

Los panistas

Cuando todavía Acción Nacional era mal encabezado por Gustavo Madero se embarcaron en una aventura tan irresponsable como fallida al pedir una consulta pública para aumentar, por decreto (decisión política) el salario mínimo.

Ya conoce la historia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que era improcedente puesto que tiene que ver con los ingresos del Estado. Otra vez, la piedra nodal es el carácter que indebidamente tiene hoy el salario mínimo de unidad de cuenta.

Aquí vale la pena un paréntesis. Fue la costumbre o facilidad operativa a través de la cual se le dio al cálculo que hace la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos el carácter de unidad de cuenta (no está en ninguna ley).

Los panistas no actuaron con seriedad. Lo hicieron como una bandera política en la que según ellos le iban a quitar al jefe de Gobierno de la Ciudad de México la medalla y el pueblo los iba a amar por hacer la consulta popular.

Parecería que los panistas no se han dado cuenta que, desde la semana pasada, la Corte declaró como improcedente su intención, puesto que todavía están usando su prerrogativa de uso de medios de comunicación para promoverla.

Dentro del partido que ahora encabeza Ricardo Anaya no está de moda la ortodoxia económica. Una mala lectura de las causas por las cuales fueron sacados por los votantes de Los Pinos tiene que ver con ésa visión equivocada de que esa fue la causa y que se requieren medidas más “audaces” (que debe entenderse como populistas) en materia económica.

Según ellos acataron la decisión de la SCJN y buscarán, dicen, otras maneras. Sin embargo, sólo quieren cambiar las leyes para las consultas públicas y no hacer lo correcto. Presentar una iniciativa e impulsarla para crear una nueva unidad de cuenta la cual deberá ser construida por Banco de México y/o por el INEGI.

Gobierno

Hubo quienes criticaron la posición de Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo, durante todo este debate. No faltaron los que lo llamaron tibio o timorato,  que se había dejado ganar la discusión. Otros más dijeron que no comprendía bien la situación.

Sin embargo, hizo algunas jugadas maestras. En una misma mesa juntó a la iniciativa privada con el Congreso del Trabajo y la Unión Nacional de Trabajadores, las antípodas del movimiento obrero, y el gobierno para elaborar un documento en el que cerraron la posibilidad de un incremento al salario mínimo por decreto.

Hoy se puede ver con toda claridad que se trató de una acción que enfrió el tema, desde el punto de vista de las movilizaciones, y se quedó en una discusión teórica y legislativa que no llegó a las calles.

Otra de las grandes jugadas de Navarrete Prida fue anunciar una serie de trabajos y comisiones que tenían como intención final llevar la discusión hasta después de las elecciones de medio término, con tal de que ni el actual gobierno ni el PRI tuvieran que pronunciarse.

Adicionalmente ha dejado claro que el primer paso, el lógico, es encontrar un mecanismo adecuado para quitar al salario mínimo fijado por la Consanami el carácter de unidad de cuenta.

Consanami

En este entorno, la comisión que encabeza Basilio González tendrá que definir el salario mínimo para el próximo año. Seguramente habrá mucha presión política porque se incremente más allá de lo que ha sido la costumbre, ligeramente por encima de la inflación y habrá quienes busquen su tajada política.

Sin embargo, esta comisión integrada por patrones, gobierno y trabajadores deberá mantener la responsabilidad técnica, es decir, no dejarse influir por el oportunismo político que algunos han tratado de vestir de acto de justicia.

Si realmente estuvieran preocupados por la justicia no sólo verían al salario mínimo sino que se estaría trabajando por los salarios reales, los cuales sólo pueden incrementarse de una manera sana a través de la productividad.

Hacer lo correcto parecería que es un poco más complejo ya que implicaría hacer una verdadera reforma laboral. Quizá a finales del sexenio de Felipe Calderón las llamadas reformas estructurales sólo eran de lo mejor que se podía hacer en las condiciones en las que se estaba y no hacer necesariamente lo que se requiere para el país.

Cumplir con esta aspiración es, a no dudar, hacer una reforma laboral que termine con las inflexibilidades y bloqueos en contra de la productividad que, en muchos casos, pasan por los sindicatos.

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