Bandas criminales

En prácticamente todos los estados que no se suman a las compras consolidadas de medicamentos que realiza el IMSS parecería que hay una constante común: corrupción.

Desde el punto de vista económico y de transparencia es mucho mejor utilizar los servicios del instituto, que encabeza Mikel Arriola, para cumplir con una obligación de eficiencia en el uso de los recursos del pueblo, un tema moral que tiene que ver con la vida de la población.

Sin embargo, para estos mandatarios estatales y los funcionarios que participan es mucho mayor la tentación del dinero que les lleva, ineluctablemente, a vincularse con la delincuencia organizada.

Está documentado que no sólo se trata de medicamentos apócrifos, caducos o mal almacenados, como ha comenzado a demostrarlo la Secretaría de Salud, sino también robados, por lo que hay, indudablemente, la participación de bandas del crimen organizado.

En estas bandas participan ladrones de medicamentos, falsificadores y empresas de fachada vinculadas para lavar dinero de otras organizaciones criminales. 

El primer lugar donde se hizo evidente este método inaceptable de corrupción fue Veracruz, por la denuncia realizada por el gobernador Miguel Ángel Yunes en contra del gobierno del prófugo de la justicia Javier Duarte; sin embargo, hay evidencias de que el problema comenzó durante la administración de Fidel Herrera.

La renuncia de este hombre al consulado de México en Barcelona y su presunto regreso a México tienen que ver con la inminencia de acusaciones en su contra, puesto que él y sus principales colaboradores también estarían vinculados con esta red de ilegalidades.

También es un hecho que en Puebla, el gobierno de Rafael Moreno Valle tendrá que entregar cuentas. 

Sin embargo, no son los únicos casos de esta pandemia. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, también inició una investigación con ayuda del gobierno federal para perseguir actos de corrupción en el sector salud donde habría participado el exgobernador César Duarte.

LOS IRRESPONSABLES

Los lineamientos que, supuestamente, buscan defender a las audiencias que entrarán en vigor el 1 de febrero tienen un origen francamente torcido del que ahora sus progenitores reniegan.

Fue el Congreso el que aprobó esto en el artículo 256 francamente confuso: “Los concesionarios de radiodifusión o de televisión de audio restringidos deberán expedir códigos de ética con el objeto de proteger los derechos de las audiencias. Los códigos de ética (la pésima redacción de los legisladores) deberán ajustarse a los lineamientos que emita el Instituto (Federal de Telecomunicaciones) los cuales deberán asegurar el cumplimiento de los derechos de información, de expresión y de recepción de contenidos... los lineamientos que emita el instituto deberán garantizar que los concesionarios de uso comercial, público y social cuenten con plena libertad de expresión, libertad programática, libertad editorial y que se evite cualquier tipo de censura previa”.

Este párrafo, verdaderamente mal redactado, sirvió para que cualquier cantidad de ayatolas dentro del IFT hiciera las interpretaciones más absurdas. El resultado es una regulación dispareja, puesto que privilegia a las empresas extranjeras de radiodifusión y genera condiciones para la censura sin que los medios de comunicación puedan tener acceso a medios de defensa dentro del territorio nacional.

Todas las partes saben que esta regulación está equivocada. Los legisladores que la redactaron niegan a su engendro. Entre los miembros del pleno del IFT hay quienes creen que no son suficientemente duros los lineamientos, puesto que abiertamente estaban en favor de una mayor censura e intromisión, y los que dicen que fue lo mejor que se pudo lograr.

El IFT llevaba tres años de buenas decisiones y en esta se equivocaron de manera radical. Los lineamientos no defienden a las audiencias, puesto que establecen bases para la censura y generan incentivos en contra de la inversión en el sector.

INCONGRUENCIA

Mientras que el SAT establece ante el G-20 la importancia de mejorar la operación de las aduanas, en los hechos parecería que el compromiso no se está cumpliendo. El Proyecto de Integración en Aduanas, conocido como PITA, sigue siendo un caos. La licitación, que ha sido impugnada por sus participantes, no avanza de un modo adecuado, puesto que hay indicios de nuevas violaciones, como la subcontratación que estaba expresamente prohibida.

PENSAMIENTO

Le propongo algo. En lugar de estar buscando ofensas en las declaraciones del presidente de EU, Donald Trump, vea la oportunidad: si realmente el muro evita el tráfico de drogas, armas y dinero de la delincuencia organizada, el precio que eventualmente pagaría México sería una gran inversión.