Las prioridades de los empresarios mexicanos para este 2018

CIUDAD DE MÉXICO.- Los dirigentes del Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex, la Concamin y la Concanaco_Servytur revelaron a Excelsior las prioridades de sus sectores para 2018, entre las que destacan la seguridad y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Un acuerdo ganador

El sector privado mexicano asegura que seguirá trabajando con el gobierno federal en una modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) benéfica para México.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, indicó que las prioridades son fomentar la inversión en los sectores energético y de telecomunicaciones, la incorporación de oportunidades de negocio en materia de infraestructura y alimentos, así como el otorgamiento de incentivos para la incorporación de un mayor número de pequeñas empresas en las cadenas
de valor.

EL EDITOR RECOMIENDA

• LOAPI, el virus que puede quemar la batería tu Android
• 4 funciones que llegarán a WhatsApp en 2018
• ¿Qué debes hacer si no tienes holograma de verificación?

La modernización del TLCAN debe ser una oportunidad para la defensa del empleo y la generación de mayor inversión en las tres naciones”.

También pugnarán por incorporar mecanismos que faciliten la comercialización de insumos para agudizar la integración en sectores clave como el automotriz y el aeroespacial.

Foto: Quetzalli González

Incentivos fiscales

Frente a la disminución de la tasa corporativa de Estados Unidos es necesario realizar ajustes que mantengan en el juego a México”, consideró Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Puso sobre la mesa de las autoridades hacendarias la propuesta de reducir la tasa del impuesto corporativo de 30 a 25%, que es el promedio de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

De Hoyos Walther destacó que es posible disminuir la tasa si se hace de forma paulatina, lo que permitiría no desestabilizar los ingresos públicos, “nosotros proponemos que sea un punto porcentual cada año hasta alcanzar el objetivo, lo que nos permitiría mejorar nuestra competitividad a nivel mundial”.

Otros líderes empresariales se han manifestado por incentivos fiscales como la deducción al 100% de las prestaciones sociales o la eliminación del impuesto sobre nómina.

Impedir el subejercicio

Manuel Herrera Vega, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), se manifestó por un ejercicio “eficiente y sin retrasos” del gasto público debido a que éste impacta de manera directa en el desempeño económico.

En esta materia lo que demandamos es evitar los subejercicios y que los recursos federales sean liberados a los estados y municipios cuidando que se ejerzan con eficiencia, transparencia y rendición de cuentas”.

El dirigente se manifestó por privilegiar el gasto en inversión y en adquisiciones del sector público debido a que impactan directamente en el crecimiento.

Además consideró conveniente destinar al menos 35 por ciento de las compras y obras públicas a favor de las empresas de menor tamaño, a fin de convertir la “reserva de mercado en una auténtica promotora del desarrollo de las empresas elaboradoras de productos de calidad”.

Piden Estado de derecho

Enrique Solana Sentíes, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo consideró que la viabilidad económica de la nación depende del incremento de los niveles de seguridad, así como del fortalecimiento del Estado de Derecho.

Según datos de la iniciativa privada el costo de la inseguridad asciende a 9 por ciento del Producto Interno Bruto, por lo que urgió a los legisladores a poner en la agenda prioritaria del Congreso la aprobación de todo el paquete de reformas relacionadas con la seguridad pública, “que lamentablemente se han venido politizando y postergando periodo tras periodo”.

Al Poder Judicial le solicitó que “redoble” los esfuerzos para la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, con un programa puntual con el que pueda superarse el retraso y que brinde confianza a la ciudadanía en que efectivamente se combate la corrupción y la impunidad.

cva/kgb