Seguros catastróficos obligatorios

La propuesta que presentó el grupo parlamentario del PRI, que encabeza el diputado César Camacho, para modificar diversas leyes, entre ellas la Ley General de Protección Civil y la del contrato del seguro catastrófico, tiene muchísimo sentido y más  después de la evidencia que dejaron los recientes sismos, donde se contabilizaron 184 mil viviendas dañadas, 14 mil comercios, 16 mil escuelas con distintos daños parciales o totales, más afectaciones al patrimonio cultural con mil 821 edificios e iglesias dañados, 175 unidades médicas y hospitales, así como 140 carreteras o caminos afectados.

De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, hasta la segunda semana de enero, de los sismos del 7 y 19 de septiembre pasados, se reportaron 46 mil 311 casos por los que las instituciones han pagado 27 mil 278 millones pesos y, aunque prácticamente se está terminando el proceso de revisión, la cifra todavía podría aumentar, pero se acerca a la que estimó el presidente Enrique Peña en el mes de noviembre.

De ese total, 36 mil 966 casos corresponden al impacto catastrófico del sismo del 19-S que ha implicado el pago de reclamaciones por 18 mil 579 pesos, en tanto que el del 7 de septiembre, suma 9 mil 345 por 8,699 millones de pesos.

Si se observa, solamente 6.5 por ciento de las viviendas están aseguradas por daños catastróficos, porcentaje que aumenta cuando se considera a las viviendas aseguradas porque cuentan con alguna clase de hipoteca (el grueso está en Infonavit), porque entonces el parque de vivienda asegurado en el país se eleva a 27%, aunque la protección en este caso es para el tenedor de la hipoteca no para el habitante de la vivienda.

La realidad, ajena a populismos, muestra la elevada vulnerabilidad patrimonial que tenemos los mexicanos ante siniestros como temblores, ciclones, inundaciones, el estallido de un volcán (riesgo latente en el Valle de México).

Por eso, la propuesta legislativa que le comento me parece de lo más congruente y visionaria, aunque de antemano las izquierdas y las derechas, montadas en el espejismo electoral, seguramente dirán que es una iniciativa que le hará el caldo gordo a las aseguradoras, en lugar de pensar que es la única alternativa disponible en el mercado para proteger efectivamente el patrimonio familiar de los mexicanos.

Ahora, el reto más importante, es que se aprueben las sanciones, porque muchos de los cargos de elección popular corresponden a estados y municipios y, en este caso, la propuesta legislativa establece que se considere como delito efectivo, la autorización de construcciones formales o de autoconstrucción en zonas de riesgo, además de no respetar el atlas de riesgo del país, lo cual implicaría pena corporal para quien otorga la autorización y para quien construye.

DE FONDOS A FONDO

#ReabreMercado… El día de ayer Evercore, que dirige Augusto Arellano, cerró el CKD del desarrollador regiomontano de vivienda Carza, de Rogelio y Marcelo Zambrano, la primera transacción de capitales de este año 2018, por un monto que ronda los 2 mil 500 millones de pesos.  El anuncio se realizó a través de la BMV, que dirige José Oriol Bosch .

#RedCompartida… Gerardo Ruiz Esparza, Édgar Olvera
y Fernando Borjón tendrán un día muy ocupado, pues la SCT y Promtel realizan hoy la primera visita de supervisión al Centro de Operación de Red (NOC, por sus siglas en inglés) de Altán Redes, que preside Bernardo Sepúlveda, y dirige Javier Salgado, para ver los avances del despliegue de la Red Compartida, la primera red en México que ya nace siendo 4G.  Esta visita viene después de que el IFT, que preside Gabriel Contreras, diera a conocer su disposición para que los teléfonos inteligentes que se comercialicen en México tengan habilitada la banda 28 en el espectro de los 700 MHz de la Red Compartida, lo que asegura compatibilidad plena con la oferta de telefonía móvil en México.

Esta banda es la que tiene el mayor crecimiento a nivel internacional para el despliegue de la tecnología 4G, que a su vez ha sido adoptada como estándar en países que suman una población superior a los 3 mil 200 millones de personas.

#TurismoSeguro… Como le adelantamos la semana pasada, era cosa de días para que el gobierno de Quintana Roo, que encabeza Carlos Joaquín, suscribiera el convenio para establecer el nuevo modelo de seguridad que está impulsando el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, en el que se incluye no sólo a los tres órdenes de gobierno y Seguridad Pública federal, de Renato Sales, sino a todo el sector privado y a las organizaciones civiles que participan y destinan recursos propios para mantener sus propios sistemas de seguridad. La coordinación político-privada y su integración a las mesas de decisión de la política pública a seguir, es lo que permitirá que no importe el cambio de gobierno en un destino-municipio turístico, para mantener las políticas que funcionan o cambiar y modificar estrategias que no. Ahora, el reto es ir por los 11 estados que tiene las alertas de seguridad más altas, incluyendo Guerrero, Veracruz, Tamaulipas, Michoacán y Sinaloa.

#Infonavit… ¡Fin al coyotaje jurídico!.. Mejor que siga movido y preocupe a quien le mueve el tapete tanta actividad, pues David Penchyna, titular del Infonavit, no deja de sorprender. Ayer terminó con un negocio de cientos de millones de pesos para el grupo de abogados especializados en “seguridad social”, porque cobran entre 10 y 15% de los montos de recuperación de la subcuenta de vivienda cuando los familiares se ven obligados a presentar la denuncia laboral para recuperar los recursos de una persona que fallece y que lamentablemente no realiza su testamento.

La decisión tomada en el consejo ha sido de lo más interesante, porque el costo de llevar los juicios, además de un gasto innecesario al Infonavit, permitirá dar trámite a un promedio de ocho mil devoluciones al año, además de eliminar los 30 mil juicios acumulados al devolver a los familiares de la derechohabiencia fallecida (unos 200 mil), cerca de 2 mil 600 millones de pesos.