Industria automotriz bajo T-MEC: ¡ahí va!

A tres años de haber iniciado el T-MEC y tras haber alcanzado el hito de “plena implementación” en reglas de origen automotriz para automóviles ligeros, la Comisión Internacional de Comercio de EU determinó que el impacto de los cambios introducidos en estos tres años ha sido modesto, con un 0.01%, en contribución al crecimiento económico y empleo agregado.

La USA ITC dio a conocer el Informe 2023, Reglas de origen automotriz del T-MEC: impacto económico y operación, donde subraya que, aun cuando el T-MEC ha estado en vigor tres años, no será sino hasta su plena implementación, en 2027 o más tarde, cuando el cambio introducido en las Reglas de Origen Automotriz (ROA), que incluyen también cambios en acero y empleo, permita observar un aumento en la competitividad del sector, dado que muchas reglas no se han implementado.

Para la AMIA, que preside José Zozaya, y para cada una de las armadoras en particular, la evaluación de competitividad cobra relevancia porque no sólo incluye cuánto se produce y vende en la región, sino en qué condiciones de competitividad se encuentran las armadoras y las proveedoras de partes frente a sus competidores fuera de la región, pero con importante presencia en el mercado de Norteamérica.

El reporte indica que para alcanzar las reglas de origen y el contenido regional impuesto en el capítulo automotriz del T-MEC se aprobaron 13 propuestas de inversión alternativas que afectan a menos del 15% del total de los modelos de vehículos producidos en los tres países, modelos que representan el 22% de la producción de Norteamérica y un porcentaje muy pequeño de las ventas en EU, además de que deberán concluir a mitad del 2025.

El avance para EU con el fin de reatraer producción y empleo ha sido marginal.

Dos conclusiones llaman la atención: no hay suficiente evidencia como para asegurar que la implementación de las ROA han aumentado la producción o reducido la importación de vehículos a EU y, por el contrario, pareciera que las armadoras han optado por pagar el arancel OMC antes que cumplir con las nuevas reglas de origen.

DE FONDOS A FONDO

#CajaPopularMexicana… No se había presentado un hackeo en una sociedad cooperativa de ahorro y préstamo (hay 154 Socas que administran el 97% de los activos), pero el hecho de que ocurra en la Caja Popular Mexicana (CPM), que dirige Ricardo López Enríquez, es gravísimo, porque es la única institución nivel IV, representa el 37.36% del sistema de cooperativas o economía social, como ahora le llaman, tiene 3.3 millones de clientes/socios y maneja 89,624 millones de pesos en activos. Tres escuetos comunicados, uno de la CNBV donde avisa de que hay un “error informático en proceso de ajuste”, y dos de CPM, que muestran la imposibilidad de resolver el hackeo de su base de datos por un ramsomware introducido, aparentemente, por un exempleado que les está pidiendo rescate. Es la realidad para los millones de clientes que tiene la caja y hacen filas interminables para sacar su dinero. Eso es lo que le debe importar a la SHCP, de Rogelio Ramírez de la O, y cabeza del sector financiero mexicano. Es evidente que la CPM no tenía back up de su información en la nube, una Golden Copy como la que exige la VP Técnica de la CNBV, que lleva Ramiro Álvarez, a pesar de la “robustez tecnológica” que presumía la CPM, pero siendo participante del SPEI y del acuerdo de compartición de cajeros, autorizado por el Banxico, tampoco es entendible por qué las áreas a cargo de Othón Moreno, de Sistemas de Pagos, o Fabrizio López-Gallo, de Estabilidad Financiera en el Banxico, han informado de este evento de ciberseguridad que lleva 14 días, insisto, 14 días, y fue comunicado como un “error informático que está en proceso de ajuste”. No es un problema sistémico, dirán las autoridades financieras, pues las cajas representan el 0.8% del sistema financiero, pero sí es relevante para el sector popular. La caja es la fusión de muchas cajas, opera con el Core bancario de Fiserv, da su liquidez diaria a varios bancos y, tecnológicamente, parece que no va con estándares de ciberseguridad adecuados a su tamaño. Responsables los dos, autoridades e intermediario.