“Sustentabilidad y transiciones energéticas justas”

GUADALAJARA.— No se sorprenda con el título de esta columna porque es el nombre de la primera reunión a la que asiste el presidente López Obrador, tras su encuentro con su homólogo chino, Xi Jinping, en la reunión de la APEC. La primera sesión formal ministerial supone sentar las bases mínimas de coordinación de las economías del Pacífico para una transición energética sustentable.

Ésta es una de las prioridades del país: definir con claridad la ruta de transición energética y de ello depende, en gran medida, el futuro de México.

Ayer, en la Expo Transporte 2023, organizada por la ANPACT no había nueve tractocamiones, camiones, buses y vehículos de distribución eléctricos, sino 47, o sea de una expo a la otra la oferta de equipos cero emisiones es tal, como también la oferta de alternativas híbridas.

Una que llama la atención, ante la falta de oferta de diésel de bajo contenido de azufre, acorde con normas ambientales que en México están vigentes desde 2006, que suponía una transición de EPA 04-5 a EPA 08 en equipos de carga y pasaje, ha sido pospuesta una y otra vez ante la incapacidad de Pemex de producirla en la cantidad requerida.

Los productores de equipos avanzaron, los empresarios que pagan impuestos ya están listos para aplicar la carta porte fiscal, también.

Pemex tiene otras prioridades y, aunque se puede importar el diésel DUVA, la realidad es que la gran oferta de vehículos pesados nuevos en México es de motores a combustión, eficientes, seguros, mejorados.

En México se producen por año casi 210 mil vehículos y se exportan unas 170 mil, lo que lo ha convertido en líder mundial en producción y exportación de vehículos pesados, cuarto exportador y quinto productor de vehículos de carga, y noveno productor de autobuses a nivel mundial.

Se dice fácil, pero, al no contar con estímulos, normas y calendarios claros y fijos que otros gobiernos APEC realizan, el sector privado de nuestro país avanza en el limbo regulatorio.

La realidad también es que más del 50% de la flota que se mueve en México tiene más de 15 años (límite normativo), y el parar cerca de 50 mil vehículos que pueden tener de 17 a 50 años, es un problema político, dada la falta de capacidad del Estado, para hacerla cumplir.

Los desafíos del transporte en México son conocidos: seguridad y, por ende, la violación permanente del Estado de derecho. En ese enorme volumen de empresas informales se mueve en la ilegalidad. Tanto en movimiento de carga como de pasaje. Se han amparado en el vacío de vigilancia y supervisión de las leyes y norma vigentes porque sólo las empresas formales cumplen con el pago de impuestos, las normas de seguridad personal y de conducción, las fisicomecánicas, las de vialidad, mientras que en el terreno disparejo se mueve más del 60% del mercado ilegal que ni paga impuestos, pero es el que en carreteras y caminos produce el mayor número de accidentes viales. Hay necesidad de implementar un registro vehicular a la par de un programa de chatarrización agresivo.

Todo esto tiene que ver con la falsa austeridad. Tenemos normas de pesos y dimensiones, de seguridad en el transporte de pasajeros que no cumplen, pero que las autoridades de vigilancia carretera (incluyendo Guardia Nacional) no hacen cumplir. No se paran, pero tampoco tienen alternativa (chatarrización) para formalizarse (incentivos para que compren unidades nuevas, regularizadas). Ésa es la realidad con la que llega el Presidente a la Cumbre de la APEC.

La sustentabilidad en nuestro país avanza a tirones y en medio de una gran incertidumbre para el sector privado. Una estrategia de electromovilidad que incorpore distintos tipos de movilidad limpia, que reduzca emisiones, podría ser, sin lugar a dudas, un gran avance para recuperar la confianza en el Estado, porque ni el PAN ni el PRI ni Morena han tenido la altura de miras por dar este gran paso en favor de los mexicanos.

El 70% de las emisiones contaminantes podría neutralizarse.