Trigésima Reunión Anual de Industriales

LEÓN, Gto.— El capital humano sin preparación no es una fortaleza, sino debilidad, sostiene el gobernador de la entidad, Diego Sinhue Rodríguez, al explicar las razones por las que Guanajuato es el quinto aportador al PIB, pero además, es la entidad que a pesar de ser hub automotriz, al albergar siete plantas automotrices, de esas cinco armadoras, el sector con todo y la proveeduría aporta 20% del PIB estatal.

La tecnificación y su impulso, consolidar el Bajío para vencer obstáculos, involucrar a la ciudadanía en procesos de gobierno (necesario), mejorar conectividad e infraestructura regional, son los elementos que le han permitido sobresalir. La ENVIPE del Inegi redujo en 55% su incidencia delictiva.

En la reunión nacional, cámaras y confederaciones reconocen que infraestructura, energía limpia, capital humano calificado, salud, seguridad y respeto al Estado de derecho son fundamentales para aprovechar el nearshoring e impulsar la confianza de la inversión. Asimismo, reconocer que la transición tecnológica con la inteligencia artificial, la electromovilidad, las energías limpias y las nuevas tendencias de innovación son una realidad y un reto para avanzar hacia un mundo más eficiente sin que ello signifique sacrificar el empleo de millones de personas.

José Abugaber, presidente de la Concamin, puso el dedo en el renglón con el secretario del Trabajo, Marath Baruch Bolaños. Más allá de la regularización de 2.9 millones de trabajadores por el cambio en la ley en materia de terciarización, el incremento salarial acumulado, debe insistirse en dos frentes que muestran la mayor vulnerabilidad social para el país: 56% del trabajo es informal y México debe revisar sus políticas de migración interna e internacional, “más humanas”, dijo Abugaber.

Puedo comentarle que los temas de formalización del empleo y migración se han incorporado a las mesas de trabajo que coordina la Secretaría del Trabajo para revisar todas las propuestas que pretenden, desde una nueva ampliación de los días de vacaciones pagadas, hasta la reducción del número de horas trabajadas por semana y por día, pues las industrias intensivas en mano de obra advierten que sería crítico para mantener la planta de empleo, lo mismo en micro y pequeñas empresas, donde la formalización del empleo es el principal desafío de política pública.

Por lo pronto, el diputado del PAN Jorge Romero, titular de la Junta de Coordinación Política, mandó la iniciativa de reducción de la jornada laboral a parlamento abierto y como fue un acuerdo de todos los integrantes de la Junta, es probable que la iniciativa no pase por aplanadora de Morena en este periodo legislativo. La discusión en las mesas de Trabajo y de Economía está abonando al entendimiento.

Otro tema crítico es el de aduanas. Es notorio que el general André Foullon, titular de la ANAM, ha logrado establecer un canal de diálogo directo con el sector privado para resolver problemas relevantes del sistema aduanal, pero al mismo tiempo ha concientizado sobre el riesgo que significan el crimen organizado y las masivas caravanas migratorias sobre los cruces fronterizos, pues no puede ser ignorado por el tránsito de mercancías. 

Se comprometió ante industriales, encabezados por Abugaber en la RAI, a concluir la automatización de 10% de los cruces faltantes antes de que concluya el año. Insistió en que, a pesar de las medidas arancelarias impuestas por la Secretaría de Economía contra las mercancías subvaluadas, ha comenzado a dar resultado. Es indispensable redoblar el combate al contrabando, que para Foullon es una de las prioridades para fortalecer el servicio de vigilancia en puertos y fronteras.

DE FONDOS A FONDO

#AFAC… Las tres concesiones aeroportuarias privadas recibieron ayer una notificación de la Agencia Federal de Aviación Civil, avisándoles de un cambio tarifario distinto al acordado en el título de concesión de cada uno de los aeropuertos de ASUR, OMA y GAP, que obliga a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), que encabeza Jorge Nuño, a revisar y modificar dichas tarifas “por acuerdo de las partes, en los términos de la ley y disposiciones aplicables”. La revisión se efectúa cada cinco años.