¿Y los tribunales laborales?

El presidente López Obrador ha utilizado su discurso contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y contra los integrantes no afines a su ideario político para fortalecer la capacidad de control central del Ejecutivo. Sólo que, a veces, se da un balazo en el pie.

Una buena parte del presupuesto del Poder Judicial (no es sólo la SCJN), tiene que ver con el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales pendientes que no sólo le asignaron al Poder Judicial, sino al Ejecutivo.

Estas obligaciones las conoce muy bien la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, porque siendo secretaria del Trabajo fue una actora importante del proceso de confección del nuevo sistema judicial laboral, y sabe que aún faltan recursos para fortalecer el sistema de justicia laboral. A partir del 3 de octubre de 2022, las juntas de conciliación y arbitraje dejaron de recibir demandas laborales, que serían sustituidas por tribunales laborales federales y locales para dar trámite a las nuevas demandas en materia individual, colectiva y procedimientos laborales.

Recordemos que las reformas laborales de 2017 y 2019, tanto a la Constitución de México como a la Ley Orgánica del PJF, prevén la creación de órganos jurisdiccionales en la materia y, de saque, se habilitaron 74 jueces laborales en 26 sedes de 22 estados (incluida la Ciudad de México, con un tribunal de asuntos colectivos en la CDMX, pero son insuficientes, aun cuando una buena parte de los conflictos se resuelven en los centros de conciliación administrativa.

México convino incluir la ejecución de la reforma laboral (se obligó) en el T-MEC, al inscribir en el capítulo laboral (23) que se debe asegurar que “una persona con un interés reconocido conforme a su ordenamiento jurídico en un asunto particular tenga acceso apropiado a tribunales para la aplicación de sus leyes laborales. Estos tribunales podrán incluir tribunales administrativos, tribunales cuasi judiciales, tribunales judiciales, o tribunales laborales, según lo dispuesto en el ordenamiento jurídico de cada parte” (artículo 23.10). Esta obligación internacional que implica, además de la creación de nuevos órganos, también la capacitación y profesionalización del personal que los integra.

Un “recorte” como el planteado al presupuesto del Poder Judicial no parte de una propuesta racional, sino parece un capricho político que nos costará más caro como país. El Poder Judicial no son los 9 ministros de la SCJN, ni unos cuantos jueces, son 1,500 jueces y magistrados y los más de 55 mil trabajadores que lo integran y desahogan cerca de un millón de sentencias por año.

DE FONDOS A FONDO

#Canacar… La presencia del general en retiro André Foullon, director general de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en la convención de Canacar realizada el jueves y viernes pasados, fue positiva por la apertura que mostró, pero no dejó de ser curioso que ante la caída de los sistemas de varias de las aduanas de la frontera norte durante la semana, el general respondiera que ¡obedeció a una caída en el suministro de luz a nivel nacional!

Fuera de bromas, Foullon comentó que en la agencia están enfocados en mejorar los procesos de registro de comercio exterior digitales, por lo que están robusteciendo la plataforma y los sistemas para “conseguir una operación más ágil y eficiente en las aduanas”. Siguiendo el hilo de la reunión, quien puso la nota es el subsecretario de Transporte, Rogelio Jiménez Pons, al dar a conocer que luego de 19 años sin reemplacar, a principios del año electoral, ¡perdón!, de 2024, realizarán el reemplacamiento del transporte de carga en el país.

Es cierto que no es confiable la base de datos de los camiones de carga y pasaje en México, ¿pero reemplacar en año electoral?, parece cosa de presupuesto B, pues los paganos serán los camioneros. Según el Inegi, el registro de transporte de carga es de 11.4 millones de unidades, por lo que a 3 mil 500 pesos la placa, involucraría una bolsa de 38 mil millones de pesos. Igual y son menos ambiciosos y Nuño se anima a hacer un canje de placas federales en los camiones de carga y los remolques, donde las más de 218 mil 532 empresas de autotransporte de carga registradas con un millón 253 mil 020 vehículos, pueden generar unos 4 mil millones de pesos.?