¿Qué quieren, justicia o votos?

Como usted sabe, Emilio Lozoya se allanó al proceso de extradición que se llevaba a cabo en España para enfrentarlo en México, el o los procesos cuya naturaleza y presuntos delitos no se han hecho públicos; elemento éste, que me parece correcto.

En tanto no sea presentado ante la autoridad judicial para declarar lo que a su derecho convenga, todos estarían obligados —particularmente los funcionarios y el mismo Presidente— a respetar la secrecía de la investigación y, con ello, evitar filtraciones y campañas mediáticas de linchamiento que tanto seducen a reporteros, comentaristas y opinantes irresponsables e interesados. Esto para no poner en riesgo el debido proceso y no violar la obligada presunción de inocencia.

• Sin embargo, por encima de ello, las cosas han sido muy diferentes a lo descrito arriba; las filtraciones, junto con las imprecisiones, cuando no francas aberraciones jurídicas, han sido el pan de cada día. Hoy, además del Presidente que afirma lo que la misma Fiscalía General de la República debe salir a desautorizar por lo erróneo de sus dichos, hay muchos mexicanos deseándole a Emilio Lozoya lo peor; juzgan, sentencian y lo condenan por tanto crimen cometido y la riqueza ofensiva —dicen— que amasó a su paso por Pemex.

• A Emilio Lozoya agregan una lista de altos funcionarios del gobierno anterior y decenas de legisladores quienes, según personas “bien informadas”, recibieron millones de pesos para dar su voto a favor de la Reforma Energética.

El Presidente, en esa misma línea, afirma que desde la negociación del Pacto por México ya eran repartidos millones de pesos entre esos corruptos porque, sentencia categórica y de manera contundente, todos ellos —los que de una manera u otra participaron en ese esfuerzo modernizador del caduco y acedo andamiaje jurídico mexicano— eran corruptos y aún lo son: Por lo tanto, según él —puro y sin pecado alguno—, no tienen perdón de Dios.

Sin embargo, por más esfuerzos que hace para sacar raja política de lo que debería manejarse con pleno respeto de la ley, todo indica que las cosas no le saldrán como imagina. Las violaciones del debido proceso y la presunción de inocencia —filtrando elementos de la investigación y burdas mentiras— son el centro de la estrategia que busca no hacer justicia, sino ganar votos.

Para ese fin cuenta hoy con un grupo de comentaristas y analistas que repiten aquellas filtraciones carentes de todo valor jurídico al no haber sido externadas ante la autoridad correspondiente. Con su conducta exhiben, además de abyección, una falta total de ética profesional y personal.

Por lo visto, no se saldrá con la suya; la jugada es demasiado burda y no menor el número de torpezas jurídicas.

• El Poder Judicial tendrá la última palabra, no los que se solazan con infamias y mentiras y mucho menos aquel que sueña con recuperar millones de votos, hoy perdidos. ¿Así piensa recuperar la confianza perdida de muchos mexicanos, incluidos los empresarios?

También, de pena ajena, la conducta de quienes exhiben sus complejos y envidia social al privilegiar el linchamiento sobre la ley, el debido proceso y la presunción de inocencia.