¿Y la economía, apá?

Desde hace varios años, decenios me atrevería a afirmar, quienes se han dedicado a la tarea de investigar y extraer conclusiones sobre un tema apasionante (¿por qué unos países —naciones, economías— crecen, y otros no?) han coincidido en que, entre los factores que ayudan a responder dicha pregunta se encuentra, sin la menor duda y de manera destacada, lo que se conoce como vigencia plena del Estado de derecho.

Expresiones relacionadas, como el respeto de los derechos privados de propiedad, respeto de los contratos y cultura de la legalidad, entre otras similares, simplemente pretenden resaltar el papel que juega en el crecimiento económico respetar la ley y hacerla respetar por todos sin distingo alguno.

La ley y su respeto son, en la era actual, donde prevalecen las economías abiertas y la incorporación a la globalidad, la piedra de toque que podría convertir un país en destino atractivo para la inversión o, por encima de los recursos abundantes de toda índole que pudiere tener, en un paria en el concierto internacional.

La ley y su respeto son, para todo aquel inversionista que anda en la búsqueda de países seguros para tomar riesgos, los factores que lo llevarían a decidir en favor de uno u otro.

El que haya en un país un gobierno que entienda y acepte el papel que juega un pleno Estado de derecho haría la diferencia entre invertir ahí o irse a la búsqueda de otro destino.

Entender esto por parte del gobernante podría ser fundamental, sin duda, para el éxito o el fracaso de su gobierno y también para condenar al país que gobierna a perder una imagen que con seguridad habría costado años de esfuerzo construir.  

Desde hace poco más de año y medio México ha sufrido el peor embate, en decenios, por parte de su propio gobierno para no únicamente destruir la imagen de país confiable para la inversión, sino también para tratar a todo inversionista —extranjero o local— de saqueador.

Agregue a lo anterior —por si faltare algo—, una visión aceda, que rayaría en la autarquía feudal, que lo único que habría logrado a la fecha sería no otra cosa que aislarnos del exterior.

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La ley y su respeto por todos sin distingo alguno es, hoy por hoy en el mundo, lo que debería obligar al gobernante a utilizar los recursos que la ley pone a su servicio para ofrecer a la población el bien público por excelencia: la seguridad en su persona y su patrimonio.

Por el contrario, rechazar esos instrumentos por cálculo político y/o cobardía, otorga en los hechos una patente de corso e impunidad prácticamente total a los delincuentes.

Cuando el gobernante define así su estrategia para combatir la violencia —la cual asuela vastas regiones del país y tiene a millones inermes ante los delincuentes—, dar abrazos en vez de enfrentar los balazos de los delincuentes, como debe ser, obliga a las fuerzas del orden y a las Fuerzas Armadas a aguantar humillaciones que lastiman el honor de todo militar y todo policía.

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Ante esta visión de nuestro gobernante, parafraseando el conocido anuncio le preguntaría: ¿Y la economía, apá? ¿Tendrá la respuesta correcta y, sobre todo, urgente? ¿Ni siquiera después de los sucesos de hace cuatro días?

¡No! Ni quiere, ni piensa que deba tenerla.