Pobreza y desastres naturales; una deuda con raíces históricas

 

A decir de muchos “el desastre natural más importante de la época moderna” y uno de los eventos que más ha movilizado en términos de ayuda humanitaria.

 

Por otro lado, en septiembre de 2013, en territorio mexicano se unieron dos fenómenos naturales: el Huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel, causando uno de los desastres más caros para nuestro país con daños calculados en 75 mil millones de pesos. 

 

En esta ocasión 23 de las 32 entidades federativas resultaron afectadas siendo el estado de Guerrero el que más daños sufrió.

 

¿Qué tienen en común estas dos regiones además de haber sido devastadas por la naturaleza y resultar terriblemente caras? Las condiciones de pobreza y marginación en las que viven sus habitantes, el estado permanente de emergencia que se acentuó con los dos eventos y la poca capacidad con la que cuentan para responder esa situación.

 

 

 Las secuelas de los desastres pusieron ante los habitantes y gobiernos el reto de reconstruir dos sociedades que se encontraban bastante débiles incluso antes de los fenómenos. Por un lado, los huracanes afectaron a más de un millón doscientas mil personas, de las cuales al menos 2,300 mil contaban con daños severos. 

 

Para un estado con el segundo lugar de marginación a nivel nacional el tener un 90.12% de municipios perjudicados, perder 215 mil hectáreas y al menos 8 mil viviendas es aumentar la condición de vulnerabilidad de sus pobladores pero sobretodo es poner en discusión las herramientas con las que cuenta la propia ciudadanía para organizarse y superar la contingencia, así como el potencial de las propias autoridades para responder a la catástrofe.

 

Este fue también el caso de Haití, donde incluso la administración pública se vio afectada por el terremoto; el 60% de los edificios administrativos sufrieron daños parciales o totales, incluyendo el Palacio de Gobierno. 

 

La Organización de las Naciones Unidas calculó la destrucción de 4 mil escuelas y las condiciones en las que vivía la población en general, la falta de acceso a agua potable, a servicios de salud y el hacinamiento causaron un brote epidémico de cólera que afectó a miles de haitianos.

 

Al día de hoy tanto en Guerrero como en Haití existen aún habitantes viviendo en campamentos instalados tras la emergencia; en la Región de la Montaña Alta al menos 4 mil familias siguen esperando apoyo en cuestión de vivienda –algunas que fueron afectadas por el sismo de marzo de 2012- mientras que en Haití hay más de 80 mil personas sin hogar, sin contar a aquellas que improvisaron viviendas y las construyeron con materiales precarios. En ambos casos, la infraestructura carretera e hidráulica colapsó acentuando el caos y en la actualidad no ha sido reparada al 100 por ciento.

 

Esta dificultad institucional y ciudadana para responder no es un hecho que depende solamente del shock, tiene una raíz histórica que en los dos ejemplos se remonta a más de diez años. Haití es un país que desde antes de su independencia ha enfrentado a profundos problemas de desigualdad y que, durante los últimos dos siglos, se materializaron en inestabilidad política y económica al punto de llegar a una sangrienta dictadura en 1954 y que, desde 1986, ha derivado en un puñado de golpes de estado.

 

La población de Guerrero se ha encontrado rezagada de manera histórica y eso no es ningún secreto, con un 90% de habitantes de origen indígena, la vulnerabilidad es una constante para familias que sobreviven con 327 pesos por semana y que, con esa misma cantidad, han tenido que responder a temblores, huracanes, y un olvido del sector agrícola por parte de la inversión nacional para el desarrollo- en promedio, el 70% de la población se dedica a actividades agrícolas que fueron interrumpidas por el desastre. 

 

El ejemplo de Guerrero podría parecer menos grave, pero no lo es si consideramos las condiciones en las que aún se encuentran sus habitantes. La cuestión ahora es ¿Cuánto se podrían ahorrar los gobiernos si en vez de pagar daños se invirtiera en crear una población resiliente y lista para enfrentar y organizarse ante las inminencias de la naturaleza? 

 

Nuestro país ha gastado 30 mil millones de pesos en el estado de Guerrero y 27 mil millones de dólares en Haití. ¿En qué podría haberse utilizado esa cantidad de no haber sido necesitada con tal urgencia? 

 

El costo de reparar los daños provocados por la naturaleza es alto, pero ¿cuánto de esto podría reducirse si se invirtiera en iniciativas de desarrollo que apostaran por una sostenibilidad poblacional? Es en ese cuestionamiento donde reside la importancia de apostar por la organización comunitaria y, bajo un humor esperanzador, ahí podemos encontrar la solución.

 

Durante el siguiente fin de semana, del 30 de enero al 3 de febrero, TECHO México realizará una construcción en la Montaña Alta de Guerrero con la expectativa de implementar planes de desarrollo comunitario en un futuro, tal y como lo hizo TECHO en Haití –donde, dicho sea de paso, ha logrado trabajar con al menos 15 mil habitantes que fueron afectados con el terremoto de 2010. 

 

Es necesario dejar de confundir la prevención con la precaución e implementar medidas que ataquen de fondo al rezago y no sólo respondan cuando la emergencia se encuentre presente.

 

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