Es momento de terminar la guerra contra las drogas

“Es hora de acabar con la ‘guerra contra las drogas’ y de redirigir los recursos en ella empleados hacia  políticas cuya efectividad está sustentada por evidencias, apuntalando todo con un riguroso análisis económico”; así inicia el informe del Grupo de Expertos de la London School of Economics (LSE) en Economía de las Políticas sobre Drogas. Dicho informe fue elaborado por 12 autores y suscrito por varios expertos, entre los que se encuentran varios ganadores del Premio Nobel en Economía: Kenneth Arrow (1972), Vernon Smith (2002), Thomas Schelling (2005), Oliver Williamson (2009), y Christopher Pissarides (2010). La versión en español del informe, a cargo de la LSE y el CIDE, será presentada el próximo 25 de agosto en la Librería Rosario Castellaños del Fondo de Cultura Económica a las 9:30 a.m.

La actual política de “guerra contra las drogas” iniciada en Estados Unidos y apoyada por la ONU, se ha caracterizado por proponer que todos los países sigan una política similar sin importar las características específicas de cada país. Este tipo de política tiene entre sus resultados a nivel global haber incrementado los encarcelamientos masivos, que los gobiernos nacionales caigan con mayor frecuencia en políticas represivas, mayor corrupción en los órganos de seguridad, inestabilidad política, violencia y abusos sistemáticos a los derechos humanos. Todo ello en un escenario en donde a pesar de gastarse más que nunca en el combate militar y policiaco al tráfico y producción de drogas ilegales, el precio de estas últimas ha caído y se ha incrementado la pureza de las sustancias traficadas.

Analizar ésta política desde la microeconomía y la economía regional permite identificar sus fallas y problemas, y proponer políticas públicas que no caigan en los mismos errores y alcancen mejores resultados.

En ese sentido, podría decirse que la actual “guerra contra las drogas” no es otra cosa que una política que intenta eliminar, por medio de mecanismos de coerción, la oferta dentro del mercado de drogas ilegales. El problema es que se trata de una política que intenta atender la situación en un mercado atacando solamente a uno de los lados participantes. La omisión de la demanda dentro de esta estrategia ha llevado a que las intervenciones de corte militar y policiaco estén mejor diseñadas pero sean incapaces de lograr reducir la demanda por drogas ilegales (como los demuestran los informes globales de la propia ONU), dejando intacto el incentivo para que más productores entren al mercado.

Este fenómeno se ve reforzado por el hecho de que la industria de producción de drogas ilícitas no tiene vinculaciones de permanencia. Es decir, que ante ataques a las cadenas de producción, los productores responden desplazándose geográficamente o alterando las cadenas de suministros, de tal forma que logren evadir los ataques militares. El resultado es que la producción de drogas no disminuye, sino que sólo se desplaza geográficamente. Ese desplazamiento incluso puede llevar a un incremento en la oferta de drogas, pues se genera una oportunidad para que nuevas regiones se integren a la producción, haciendo que el precio no se vea afectado por los desplazamientos de los productores. En términos económicos; las drogas son bienes que tienen pocos sustitutos, por lo que tienden a ser inelásticos. Esto explica por qué ante un fuerte ataque a la oferta de drogas, en lugar de reducirse demanda (sólo en países consumidores), se incrementan los niveles de violencia en países de producción y tránsito.

Este desplazamiento de la producción ante los esfuerzos por parte de las autoridades por  erradicar la producción, tráfico y comercialización de drogas en una región es conocido como el “efecto globo”. Como se puede apreciar, si los productores responden a los ataques militares desplazando la producción a otras regiones, en el largo plazo los efectos de la política de combate a las drogas sobre la oferta de la misma son prácticamente nulos. Esto es especialmente cierto si la erradicación (o intento de) se da cerca de las zonas productoras; tal y como ocurre con la heroína y cocaína. Si se piensa continuar con las políticas de erradicación, deben comenzar a diseñarse a escala internacional, pues las acciones de un país afectarán a otros directamente. Esto es importante para México, porque es la puerta de acceso de la  cocaína, heroína, marihuana y metanfetamina al mercado estadounidense.

Es necesario señalar que modificar la actual política de drogas no va a resolver todos los problemas que actualmente existen y que están vinculados al mercado de drogas ilegales. Ejemplo de ellos son los “efectos secundarios” que ha tenido la política de supresión de la oferta; un ejemplo de ello son las afectaciones demográficas. La guerra contra las drogas ha provocado desplazamientos forzados de la población de las naciones productoras y de tránsito hacia regiones menos violentas. Estas afecciones no pueden ser resueltas por la legalización de una o más drogas, sino que requerirán de acciones estatales para garantizar la posibilidad de regresar al lugar de que fueron desplazados y resarcir el daño material/económico que le significó a la población ser desplazada.

Basándose en análisis como los anteriores, y otros sobre finanzas públicas, macroeconomía, costos constitucionales, etc. el informe mencionado al inicio de este texto concluye que las Políticas sobre Drogas deben basarse en principios de salud pública, reducción de daños, reducción de impactos creados por los mercados negros, mayor acceso a medicinas esenciales, experimentación regulatoria rigurosamente monitoreada, y respeto a los derechos humanos. Pero, para lograr esto, los Estados primero deben garantizar bases económicas lo suficientemente sólidas tales que que permitan diseñar políticas que consideren las particularidades de cada contexto.

Para países como el nuestro, éste tipo de informes son sumamente importantes. Primero, por los costos en vidas humanas y económicos que nos ha representado la “guerra contra las drogas”, y segundo, porque en 2016 la ONU tendrá una reunión para replantear esa política. Es fundamental que México llegue con propuestas claras y acordes a la realidad nacional y regional, para evitar copiar políticas que no corresponden a nuestra realidad (como la actual política de drogas).

En este sentido, México tiene una ventaja en cuanto a generación de conocimiento.  Dentro de los autores del informe se encuentran dos destacados investigadores del Programa de Política de Drogas del CIDE (sede Región Centro), el Dr. Alejandro Madrazo y la Dra. Laura Atuesta.

Es imprescindible que no sólo México se aboque a la creación de un enfoque propio en materia de la economía y la política de drogas y otros mercados negros. El esfuerzo debe ser a escala regional, pues sólo de esa forma las políticas públicas comenzaran a adecuarse al contexto latinoamericano, un contexto de una desigualdad económica, social, política y de acceso a los mercados. Para dejar atrás de una simple y llana diferenciación de países de producción-tránsito de drogas (cuestión que tiende a cambiar por la innovación en drogas sintéticas) es necesario que surja una escuela latinoamericana del pensamiento sobre drogas.