Decreto: ¿peor el remedio que la enfermedad?

Al inicio de este siglo, el presidente Vicente Fox lanzó el proyecto de la Escalera Náutica del Mar de Cortés, que no llegó a ningún lado, fundamentalmente debido a la oposición de los ambientalistas.

Las opciones entonces eran que el gobierno pasara por encima de ellos de una manera autoritaria o entrara a un proceso de consultas y negociaciones que terminaron por reventar el proyecto, pues varios interlocutores quisieron llegar al chantaje, lo que derivó en que hubiera “nada para nadie”.

Con su decreto para blindar la construcción del Tren Maya, el presidente López Obrador optó por hacer uso de sus facultades legislativas para imponer su decisión y evitar que se descarrilara el principal proyecto de infraestructura y comunicación de su sexenio.

En el caso de la Escalera Náutica, la parte neurálgica de la misma era la Marina de Santa Rosalía, cerca de Guerrero Negro, donde los yates y veleros serían sacados del Océano Pacífico y cruzarían por tierra la península para llegar al Mar de Cortés, el “acuario del mundo”.

Además de la escala, lo que se necesitaba era ensanchar la carretera a Loreto, a fin de que circularan unos tráileres más anchos de lo normal.

Pero allí, un grupo de ambientalistas impidieron que la Secretaría del Medio Ambiente otorgara las manifestaciones de impacto ambiental; incluso argumentando que la obra afectaría el hábitat de una lagartija endémica.

Sin ese puente terrestre, el proyecto se desdibujó y el noroeste de México perdió la oportunidad de convertirse en un gran destino para el turismo náutico, sin pasar por alto todos los recursos públicos que se dilapidaron.

El equivalente en el caso del Tren Maya es el tramo que irá de Cancún a la Riviera Maya que concentra el flujo de turistas, trabajadores y productos.

Pero los ambientalistas no han podido frenar su construcción.

Cuando vemos los ejemplos de otros países con gobiernos autoritarios como Singapur, Dubái y China, no queda, sino aceptar que algunas sociedades atrasadas han acelerado sus procesos de desarrollo haciendo uso de la mano dura del gobierno.

El Tren Maya tiene muchos ángulos enjuiciables, pues se hizo sin un análisis serio de los mercados turísticos, sólo beneficiará a una región del país y, seguramente, no se está logrando el uso más eficaz posible de los fondos públicos.

Pero del otro lado, el Presidente tenía las facultades para decidir su construcción porque ganó las elecciones y es el jefe del Ejecutivo.

Ahora con su decreto, los ambientalistas, informados y desinformados, honestos y deshonestos, están pasando a un segundo plano.

Al mismo tiempo, cuesta mucho entender la decisión de López Obrador para convertir a los empresarios en los malos de la historia.

¿Por qué señalar a Xcaret debido a que está construyendo un parque en Yucatán, cuando es un hecho que el tren afectará cenotes y selva, pero sin tener los casos de éxito de este grupo para cuidar y reponer la naturaleza?

La historia no ha concluido, pero habrá enseñanzas para todos.

Quizá después de este sexenio, los ambientalistas y grupos con intereses como los que dinamitaron la Escalera Náutica, podrían considerar que su manera ruin de actuar fue el antecedente de los “decretazos”.

Y ojalá todo quede allí, pues la dictadura en Singapur sigue avanzando en la construcción de la ciudad-país más moderna del mundo, partiendo del principio de que para alcanzar la felicidad, la democracia está de sobra.