Ya está decidido: será Santa Lucía

La decisión de someter a consulta pública la continuación o no de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y, en su caso, sustituirlo por otro en Santa Lucía, está poniendo nerviosos a los mercados y a muchos profesionales de la aviación ven un alto riesgo de que el asunto se le salga de las manos a Andrés Manuel López Obrador. Esta especie de juego “popular” no sólo compromete los 85 mil millones de pesos ya invertidos y los 105 mil millones de pesos asignados en licitaciones públicas, sino los siete mil millones de dólares en bonos ya colocados y las consecuencias para un país que no cumple sus compromisos.

Algunos aseguran que la consulta busca legitimar la continuación del proyecto Texcoco, pero no. Al contrario: la ambigüedad con la que se cruzan los mensajes dentro del mismo equipo de transición muestra que, en realidad, la decisión ya se habría adoptado por la insistencia de José María Riobóo de quedarse con la que sería “la obra del próximo sexenio”. La opción Santa Lucía ha sido descalificada por diversos actores, en particular por MITRE, la agencia norteamericana que asesora, entre otros, a la autoridad de aviación de Estados Unidos (FAA), cuyos directivos deciden en qué categoría de seguridad se ubican los países cuyas aerolíneas vuelan a ese país o cuyos aeropuertos son receptores de los vuelos de aerolíneas y pasajeros norteamericanos.

En otras palabras, si MITRE veta un aeropuerto por considerarlo inseguro, este veredicto iría en cascada hasta tensar la relación bilateral en aviación y contaminaría a otros países y aerolíneas. Aún más: nos pondría en la lista negra de los países “no seguros” (categoría 2). Y es que según MITRE, ni toda la tecnología nueva que los asesores de Riobóo dicen que solventaría los problemas de interacción entre los dos aeropuertos, puede cambiar la orografía del Valle de México. Este entorno no se parece en nada al área de Nueva York o de París o de California, que se quieren poner de ejemplo de aeropuertos que operan en la misma área.

Por otro lado, Santa Lucía implica también costos altos: además de los que se deriven de cancelar Texcoco, habría que añadir tres mil 500 millones de dólares de la construcción que, según dicen los conocedores, en realidad se incrementaría hasta al menos cinco mil millones por los costos de las nieblas y otros factores, amén de los que se deriven de las vialidades necesarias para conectar este emplazamiento y la reubicación de las cuatro mil familias de militares que viven ahí hacia Querétaro, la nueva Base Aérea que sustituiría a Santa Lucía. Y nadie ha hablado aún del suelo de Santa Lucía. Según un reporte de 1995 de los propios militares, el suelo de esta demarcación no soporta operaciones comerciales de gran calado, como los Airbus A 380 y similares. Ocultar estos datos puede taparle el ojo al macho, pero tarde o temprano saldrá la verdad y los costos que se derivan de ello, opinan los que saben del tema. En resumen: saldrá más caro el caldo que las albóndigas, sin contar con que el tema exhibirá muy pronto los intereses económicos del nuevo grupo en el poder.

PEMEX CONVOCA

Pemex, que dirige Carlos Treviño, inició un proceso abierto multimillonario para tratar de paliar el grave problema de desabasto de gas que existe. Como se sabe, la empresa produce el fluido asociado al petróleo, el cual resulta muy contaminado por los altos índices de nitrógeno. La solución es traer gas licuado de fuera, vía barco.

La petrolera quiere licitar la contratación de una unidad flotante con capacidad para regasificar 600 millones de pies cúbicos por cinco años y la construcción de un ducto de 10 kilómetros para conectar hasta el parque industrial de Pajaritos. Es un proyecto que en la parte baja puede llegar a los 450 millones de dólares, pero si se incluye la venta de la molécula puede superar fácilmente los mil millones de dólares.

Apunte de interesados a Golar LGN, del magnate John Fredriksen; Gazprom, que preside Alexey Miller; Glencore, que lleva Ivan Glasenberg; Trafigura, que comanda Jeremy Weir; Vitol, que capitanea Russell Hardy; Total, que maneja Patrick Pouyanné, y Acciona, que conduce José Manuel Entrecanales. La interrogante es si este proceso aguanta el cambio de gobierno y si la nueva administración que encabezará Octavio Romero lo continuará.

PLANFÍA CRECE

Ahora resulta que el comisario de Planfía, Agustín San Severo, quiere deslindarse de su responsabilidad en el fraude por alrededor de mil 200 millones de pesos que cometió el director de esa Sofipo, José de Jesús Venegas, y su director financiero, Óscar Urbina. Según aquel, se apoyó en las auditorías del despacho Cajal, Sen, Azcune y Cía. Para darse cuenta de había ingresos inexistentes y lo notificó a finales de 2017 al Consejo de Administración recién designado. No es verdad. Como aquí le reportamos, ese despacho del mismo comisario y su socio Javier Cajal se hicieron de la vista gorda con los reportes y los daban por buenos. El equipo de consejeros que estaba desembarcando fue el que se percató de las irregularidades y frenó, de entrada, una última bursatilización por la friolera de dos mil 500 millones de pesos de cartera fantasma. Ese consejo lo conforman Guillermo Prieto, Jonathan Davis, Jaime Castillo Sánchez Mejorada y Pablo Marina.

VA LEVY LIMPIO

Para los que están preocupados por el futuro de Simón Levy, le comento que el recién designado por Andrés Manuel López Obrador como subsecretario de Planeación y Política Turística de la Secretaría de Turismo no tiene en su currícula ninguna inhabilitación para desempeñarse como funcionario público. La propia Contraloría General del Gobierno de la CDMX, con fecha 9 de julio del 2018, le gira instrucciones y lo reconoce como titular de la Agencia de Promoción de Inversiones y Desarrollo de la CDMX, empresa paraestatal. No figura en el padrón oficial de servidores públicos inhabilitados del gobierno capitalino ni mucho menos fue destituido en ese puesto. Estamos ante un típico caso de “fuego amigo”.

AMIB CON AMLO

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se reúne hoy con la Comisión Ejecutiva de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), que preside José Méndez Fabre. Estamos hablando del gremio de las casas de bolsa.