¿Cuál es el problema?

A pesar de ser una obra fundamental para la conectividad entre el Estado de México y la capital del país, como lo dijera apenas el 21 de diciembre el titular de la SICT, Jorge Nuño, durante la conferencia mañanera, el Viaducto Bicentenario ha estado sujeto a una gran cantidad de litigios que, por momentos, resultan absurdos y que, por lo menos, sorprenden a muchos.

Quizá la única explicación es que Paulo Díez ha convertido la polémica en un asunto personal lejos de la razón. Por momentos ha logrado que se pierda de vista lo central del proceso: el Viaducto Bicentenario fue un título de concesión que se dio en un proceso abierto de subasta, no fue una asignación directa en lo oscurito.

Tampoco se trató de la licitación de un activo que ya existía, como son las casetas de cobro de una carretera federal que ya existía, de la que en ningún momento los participantes ni la autoridad se inconformaron, por lo que resulta verdaderamente extraño lo que ha sucedido en las últimas semanas.

El 4 de enero se suspendió una audiencia en la que la ministerio público federal Janette Gabriela Castro Garrido imputaría a funcionarios que tuvieron muy alto nivel en el gobierno de Alfredo del Mazo, así como a los directivos de Aleatica, quienes de ninguna manera tienen que ver en el asunto.

Llamó mucho la atención que la funcionaria de la Fiscalía General de la República incluso llegó a pedir que los implicados fueran considerados como sustraídos de la justicia algo que, en opinión del Padre del Análisis Superior, parece desproporcionado.

Los exfuncionarios del gobierno mexiquense y, destacadamente, el exgobernador no tienen nada que ver y, mucho menos, los de Aleatica, puesto que se trata de un fondo internacional que de ninguna manera podría tener que ver con los hechos. El juez de control federal Daniel Ramírez Peña ordenó que se detuviera la audiencia. Lo deseable es que los representantes de la FGR actúen de acuerdo con la ley y eviten muchas de las desproporciones que se han visto a lo largo de los 15 años de vida de esta concesión.

• REMATE IMPORTANTE

Algunas veces se olvida lo importante por lo urgente. Uno de estos casos es la movilización de financiamiento sustentable en los que el subsecretario de la SHCP, Gabriel Yorio, ha jugado un papel más que fundamental para pasar de los discursos a los hechos. La estrategia del gobierno de bonos soberanos vinculados a ODS, no sólo busca financiar al erario con este tipo de papel de mejor calidad en muchos sentidos, sino abrir caminos a la iniciativa privada para que pueda recorrer más fácilmente estas rutas que son una exigencia de los mercados actuales.

Durante el año pasado, Hacienda emitió 13 mil 230 millones de dólares no sólo en esa divisa, sino también en euros, yenes y pesos, los cuales ya permiten movilizar 1.1 billones de pesos hacia 2030. De este total, 903 mil millones de pesos provendrán de la emisión de bonos ODS y el resto, de colocaciones temáticas emitidas por la banca de desarrollo.

Este año, el Presupuesto de Egresos de la Federación tendrá gasto sostenible elegible para 46 programas, que representan 450 mil millones de pesos. De los cuales 98% tendrán un carácter social y 8% serán ODS verdes.

• REMATE PREOCUPANTE

Como si fuera una suerte de película de terror, el Presidente ha ido subiendo la tensión para quienes tienen su dinero para el retiro ahorrado en afores. Sin decir prácticamente nada ha logrado avivar el clima de miedo. Ha dicho que el objetivo es que los trabajadores afiliados al IMSS y al ISSSTE se pensionen con la totalidad de su último sueldo, lo que no ocurre en prácticamente ningún lugar del mundo. La pregunta obvia es ¿cómo se financiaría esta idea?

En el Paquete Económico para este año no sólo no hay dinero para cumplir con esta promesa, sino que, si se obligara a los patrones, se vería un desplome en el empleo formal, que ha venido bajando en los últimos meses. No olvide que casi seis de cada 10 trabajadores no están en la economía formal, es decir, no tienen registro en el IMSS o ISSSTE.

En la reforma de 2021 se determinó que los patrones aumentaran su aportación en 1% anual durante ocho años consecutivos. Sorprende, por decir lo menos, que el gobierno no haya presentado esta iniciativa a principio de la administración en la que, ciertamente, se buscó aumentar la jubilación de los trabajadores.