López Obrador insiste en desaparecer órganos autónomos

Como era de esperarse, todos los días el presidente López Obrador hace referencia y defiende el paquete de iniciativas de reformas constitucionales, al que él mismo se refiere como “combo” y que presentará el próximo 5 de febrero.

Y una vez que las presente, todos los días, hasta que arranquen formalmente las campañas presidenciales, López Obrador se dedicará a seguir defendiendo sus propuestas y a hacer campaña en favor de Morena al criticar a la oposición que, desde luego, votará en contra.

Ayer nuevamente arremetió contra los órganos autónomos porque, como todo dirigente autoritario, no quiere tener ningún contrapeso.

Lo que pretende es desaparecerlos a todos: al Inai, al IFT, a la Cofece y a todos los del sector energético, es decir, la CRE y hasta la Comisión Nacional de Hidrocarburos, aunque apenas el 10 de enero nombró a tres nuevos comisionados: Martha Patricia Jiménez, Baldemar Hernández y José Alfonso Pascual Solórzano, ninguno de los cuales tiene experiencia en el sector energético.

Según López Obrador, estos órganos deben desaparecer porque —dice— “fueron creados para proteger a los particulares y afectar el interés público”.

López Obrador parece no entender, aunque quizá sí entiende y no le importa, que la desaparición de órganos autónomos generaría severos problemas en el marco del T-MEC y mayor incertidumbre en las inversiones.

Defender que no haya barreras a la competencia a quien beneficia es a la mayoría de los mexicanos y no a las grandes empresas monopólicas, sean públicas o privadas; al igual que reglas claras para la inversión en el sector de telecomunicaciones y radiodifusión con nuevos participantes de mercado en beneficio de los consumidores, pues tenemos más opciones.

Garantizar la transparencia y la protección de datos personales es obligatorio hoy en día para cualquier empresa y gobierno, y no cumplir con estándares mínimos de gobernanza implicaría un elevado costo político y económico para el gobierno.

En cuanto al sector energético, su autonomía es ya de facto, porque tanto la CRE, la CNH y el Cenace están supeditados a la Secretaría de Energía, pero su desaparición se traduciría en demandas arbitrales contra México, justo cuando lo que pretende el gobierno es fomentar el nearshoring, que si algo requiere es acceso a energías renovables.

¿PARA EL PAGO DE PENSIONES?

El absurdo total es que López Obrador dijo también que el incremento en las aportaciones gubernamentales en su reforma de pensiones será cubierto con la “austeridá republicana” y los ahorros que se obtendrían de la desaparición de los órganos autónomos.

Doble falacia porque, aun y cuando lograra el consenso para desaparecer los órganos autónomos, los supuestos ahorros no compensarían el impacto en las finanzas públicas por elevar la aportación gubernamental a las cuentas de retiro que, suponemos, se realizará en forma anual, como es el caso de la reforma de 2020, en la que son las empresas las que incrementan cada año las aportaciones al SAR.

El costo para las finanzas públicas dependerá del incremento en las aportaciones gubernamentales.

EXPECTATIVAS DE INVERSIÓN POR 110,744 MDD

La Secretaría de Economía actualizó su muy completo informe sobre Anuncios de Inversión en 2023 por un monto de 110,744 mdd. Es interesante porque son 378 anuncios realizados por las empresas y que, en teoría, se deberían aterrizar y generar más de 234 mil empleos.

El problema es que algunos de estos anuncios, como es el caso de la Gigafábrica de Tesla en Nuevo León, ni siquiera han iniciado.