:quality(75)/media/dinero/images/2014/07/haciendag280714.jpg)
CIUDAD DE MÉXICO.- La Subsecretaría de Ingresos de la SHCP, a cargo de Miguel Messmacher, acudió al Fondo Monetario Internacional (FMI) para que le asesorara en un enfoque que mejore la atención del fisco a la población que se encuentra en condiciones de informalidad.
Una misión del FMI visitó el país del 28 de abril al 12 de mayo pasado para presentar su análisis del tema y estudiar alternativas para sacar de las sombras fiscales a esa franja.
El grupo se reunió con funcionarios de Hacienda, del SAT, de las secretarías de Desarrollo Social y Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).
El diagnóstico del FMI es que el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), dirigido por Patricia Delgado y vigente desde enero pasado, está bien diseñado, pero su gestión puede hallar dificultades.
Por ello, recomendó la creación de direcciones para los contribuyentes grandes, medianos y pequeños y que cada una de esas instancias se responsabilice de la promoción de la educación fiscal, la fiscalización y las sanciones.
El SAT estima que 14 millones de personas que se desempeñan en la economía informal pueden ser inscritas en el RIF. La meta para 2018 es de cinco millones.
El RIF contiene ya a cuatro millones 169 mil 732 contribuyentes, de los cuales sólo 587 mil son nuevos.
El 31 de marzo último concluyó el plazo para que los asalariados y pensionados se registren en el esquema que reemplazó al Régimen de Pequeños Contribuyentes (Repecos).
El propósito del SAT no es monitorear a los microcontribuyentes, como los puestos de tamales o las tiendas ambulantes, sino llegar a través de ellos a sus proveedores de materias primas, agua o refrescos para determinar si hay evasión fiscal en esas ventas.
Otras recomendaciones
El FMI sugirió también la atención sobre el uso y pago de tarjetas de crédito, cuantiosas operaciones bancarias poco frecuentes, cruzar información con el INEGI y fortalecer la educación fiscal.
El interés del FMI se relaciona con sus frecuentes recomendaciones de fortalecer el cobro de ingresos no petroleros, como lo planteó el Directorio Ejecutivo del organismo cuando concluyó el 25 de noviembre de 2013 la consulta con México basada en el artículo IV del Convenio Constitutivo del ente financiero.
La misión fue integrada por el argentino Ricardo Fenochietto, del Departamento de Asuntos Fiscales; el colombiano Mauricio Soto, de la División de Política de Egresos de ese departamento; el chileno Enrique Rojas, de la División de Administración de Ingresos de esa misma circunscripción, y Erin Holland, de la Comisión de Pequeñas Empresas e Individuos de la Oficina de Impuestos de Australia.
La cuadratura del círculo
El FMI recalcó que la seguridad social desmotiva el registro fiscal. Por ejemplo, el subsidio a jefas de hogar o la pensión del adulto mayor equivale al monto mínimo que recibe una persona cotizante del IMSS después de 25 años.
Aunque considera que es muy pronto para evaluar resultados, Sonia Venegas, profesora de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, sostiene que el Régimen de Incorporación Fiscal no es una reforma “integral” y que faltan incentivos para que la gente se registre.
En los Repecos “había muchísimas tiendas y fondas. Al principio, creyeron que no iban a pagar y cuando empezaron a ver el cúmulo de formalidades, se preguntaron de qué se trata. Por eso, el gobierno empezó a poner suavizantes”, señala.
El RIF se dirige a personas físicas con actividad empresarial, que enajenen bienes o presten servicios por los que no se requiere de un título profesional para su realización y cuyos ingresos no exceden los dos millones de pesos anuales.
Esos contribuyentes deben registrar ingresos, egresos y pagos en medios electrónicos del SAT. En retribución, reciben un descuento de 100 por ciento en el primer año y luego uno de 10 por ciento anual hasta el año 10, cuando desaparece ese descuento
“Está muy difícil, porque el verdadero informal no entrega recibos”, resalta la académica.
El reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) Todos a bordo: haciendo posible el crecimiento incluyente, indica que en México entre 40 y 60 por ciento de la mano de obra trabaja sin seguridad social.
Potencial recaudatorio
El SAT estima que los patrones y trabajadores por cuenta propia podrían aportar más de 550 millones de pesos en impuestos al mes.
La mayor parte de los empleados informales se encuentra en los dos rangos de ingresos más bajos, en los cuales el crédito al salario es mayor que el impuesto menos el subsidio. Así, casi 80% de los trabajadores informales perciben menos de tres mil 700 pesos mensuales.
Por ello, son carga potencial para el fisco y no constituyen una fuente de recaudación por el Impuesto sobre la Renta (ISR).
El SAT considera que, de formalizarse como asalariados, ese sector le costaría al erario más de 500 millones de pesos mensuales.
El potencial recaudatorio por ISR y el IVA rebasaría 27 mil millones, apenas medio punto porcentual del PIB.
Enrique Hernández Laos, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, cuestiona que “todo lo que haga el gobierno no son más que paliativos que no aportan soluciones relevantes para abatir la informalidad. Es muy evidente que ésta sólo se reducirá paulatinamente en la medida en que la economía de México reinicie el crecimiento”.
Venegas critica a su vez que la gente no ve resultados de los impuestos en mejor infraestructura, más seguridad y mayor bienestar, lo que incentiva a no querer ser contribuyente.
Informalidad, problema estructural
Las políticas fiscales y económicas de los últimos años no han podido influir en el debilitamiento de la economía informal, que se ha convertido en un rompecabezas para el país.
Además, la falta de incentivos para incorporarse al régimen fiscal y al actual sistema de seguridad social colisiona con los deseos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de incorporar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a dicho sector.
Para Enrique Hernández Laos, profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, campus Iztapalapa, la economía informal es un tema multifactorial en el que intervienen factores demográficos, económicos e institucionales.
“Nuestra economía no ha tenido el dinamismo necesario para incorporar inversiones que permitan generar una cantidad de empleos formales como se requerirían desde el punto de vista de la dinámica demográfica del país”, dice en entrevista.
Su visión parte de que el país experimentó desde los años setenta una transición demográfica que redujo las tasas de fecundidad y natalidad, cuyos efectos principales han sido una baja de la tasa del crecimiento de la población –un nivel actual de 1.2 por ciento- y una transformación en la estructura por franjas por edad que tendió a envejecerla.
Paralelamente, la economía mexicana ha sufrido desde los años ochenta crisis recurrentes y un proceso de apertura que ocasionó la rebaja de salarios en busca de competitividad.
“No crece el empleo formal porque es muy costoso y a las personas no les interesa tanto, porque en ocupaciones de baja calidad obtienen mayores ingresos en el empleo informal que en un empleo formal, que es muy restringido”, señala Hernández Laos.
Las consecuencias han sido salarios reales que no han crecido significativamente desde la década de los ochenta, el aumento del desempleo abierto y el empleo informal, escasa capacitación, baja inversión por persona ocupada y de muy baja productividad. “Es la situación en la que nos encontramos desde hace más de tres décadas”, resume el académico.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indica que 29.6 millones de personas están en la informalidad.
El Consejo Nacional de Población sitúa el número anual de agregados a la fuerza de trabajo en aproximadamente un millón de personas, cifra de empleos que el país debe generar cada año.
—Arena Pública
