Fideicomisos: ¿corrupción o soporte?

Martín Rodríguez Sánchez
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Para los empresarios existen temas con tintes políticos que, por más que queramos, no podemos dejar pasar; no por la injerencia que podamos tener, sino porque de manera indirecta acaban teniendo relación con nuestra labor. En el tema de los fideicomisos, por ejemplo, el impacto adverso que pudieran tener algunos sectores desfavorecidos repercute en el vínculo existente con el empresariado.

No es errado pensar que la corrupción existe dentro de estos instrumentos de financiamiento, como tampoco lo es establecer que dichos recursos forman parte de la esencia vital para el desenvolvimiento de segmentos muy especializados. Sin embargo, en tiempos de retos, donde cada peso cuenta y donde existe una larga lista de pendientes que demanda la sociedad y nuestra economía, lo mejor es inclinarse hacia un análisis asertivo que permita establecer prioridades a través de un filtro de transparencia.

De ninguna manera pienso que el mecanismo de los fideicomisos sea equívoco, no obstante, pienso que en algún punto se desvió de su objetivo esencial, lo que las instancias gubernamentales detectaron y finalmente devino en la posición que se generó en la Cámara baja, donde polarizó la simpatía de los legisladores y soslayó parte de la opinión pública al respecto.

Si hay algo de lo que históricamente existía una queja, es justamente la corrupción. Hoy, el gobierno federal, dando seguimiento a uno de sus estandartes establecidos —que obedece al Plan de Austeridad Republicana y combate a la corrupción— ejerce un seguimiento puntual para garantizar el uso de los recursos públicos.

La pregunta radica en conocer si realmente con la extinción de 109 fideicomisos se abona al combate a la corrupción o si se está cortando de tajo el soporte de catedráticos, investigadores, deportistas, científicos, etc.

Hace un par de años, el Centro de Análisis e Investigación Fundar publicó un estudio acerca de los fideicomisos en México; en dicho estudio señaló  a los fideicomisos como “el arte de desaparecer el dinero público”, pero dicho organismo subraya, y es algo con lo que concuerdo: “resulta imperativo elaborar un diagnóstico serio que permita identificar cuáles fideicomisos han funcionado, cuáles requieren de reformas y cuáles deben extinguirse”.

Como empresario, percibo la corrupción como un tema que aqueja muchas de las aristas relacionadas a nuestra rentabilidad y crecimiento, por lo que es un camino acertado abatirla en la medida en que se haga bajo fundamentos y apego a las leyes.

Entendamos, también, que la ausencia de estos instrumentos dejará un vacío en el financiamiento a rubros tan importantes como la investigación y la ciencia, elementos de gran relevancia rumbo a la adecuación del país dentro de las nuevas dinámicas globales, ya sea en materia de tecnología, metodologías e, incluso, factor humano.

Pero, si se sigue una ruta como la establecida por presidente de México y los legisladores, tendríamos una plena regulación de dichos recursos, los cuales ahora encontrarían un flujo directo a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que, sumado a las políticas anticorrupción, deberían alcanzar mejores estándares de dispersión, llegando plenamente a quien en verdad lo requiere.

En el Coine exhortamos a las diferentes partes involucradas a establecer un diálogo abierto y transparente que permita consensos que dictaminen beneficios para el bienestar del país en su conjunto.

Y a título personal, hago énfasis en la revisión de aquellos fideicomisos que atañen áreas prioritarias y de grupos vulnerables, porque establecer las bases para consolidar una sociedad estructuralmente funcional es el objetivo que tenemos las diferentes esferas del tejido social, ya sea que se hable de gobierno, iniciativa privada o academia.

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