466 mil millones de razones

Faltaban unos meses para la entrada del gobierno de López Obrador y, con una consulta a modo, se justificaba la cancelación del principal proyecto de infraestructura de América Latina. Usando argumentos muy simples y políticos, el nuevo aeropuerto en Texcoco, que tantos años tardó en planearse y realizarse, se destruía con la mano en la cintura y a un gran costo de oportunidad y financiero para el país. Hoy sabemos que el costo ha sido de 466 mil millones de pesos, más del presupuesto federal para la CDMX y el Estado de México juntos.

Antes de esa consulta y la cancelación, la industria de la aviación y el empresariado mexicano tenía la certeza de que Texcoco se realizaría; cancelarlo era una locura y financieramente desastroso. En una reunión con Alfonso Romo y Javier Jiménez Espriú, asesores del Presidente electo para la materia, se decía “no se preocupen”, “no se va a cancelar”. Alfonso Romo así lo manifestaba, al parecer convencido, mientras Jiménez Espriú, figurando estar interesado, actuaba ocultamente, como si supiera previamente que sí se iba a cancelar.

Pues bien, ambos personajes salieron de la administración cansados de la actuación de su jefe. Uno, moderado y otro, más radical, ambos creyeron que podían domar al chivo para que no rompiera tantos vasos en la cristalería. Romo se cansó de ser ignorado mientras Jiménez Espriú salió por la militarización de las aduanas. El segundo, en un acto de lavado de cara, recientemente publicó un libro, donde, a veces, pensando que el lector especializado es lo suficientemente inocente, da argumentos simples tratando de justificar los pecados.

En su libro La cancelación. El pecado original de AMLO, Jiménez Espriú narra los pasos para llegar a esa conclusión, diciendo que la consulta que la justificó era “válida y popular”. Detalla razones secundarias fácilmente subsanables, a sabiendas de que no había una razón fuerte primaria que lo justificara plenamente. Por ejemplo, alega que el avance hasta el momento no era 33% como se decía, sino 20%.

Quizás el único argumento primario importante era el costo del proyecto y su financiamiento, para lo cual se usó un artilugio legal para colocar los bonos para financiarlo como si fuera privado, aunque en realidad éstos se basaban en ingresos del Estado (la TUA: Tarifa de Uso Aeroportuario). Tiene razón, aunque la realidad es que ese argumento fácilmente se derrumbó cuando después se propuso al gobierno pasar ese monto a manos de privados a través de la bursatilización de deuda u otros mecanismos

–lo que no aceptó el Presidente electo.

Ahora, a casi cuatro años de aquella decisión desafortunada, la decisión abrió boca para lo que vendría en muchos otros rubros de la economía: la inversión privada, la pública, el consumo ha caído y la economía, en general, está estancada. La solución propuesta para sustituirlo, el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía está por ser inaugurado a un costo al momento de 116 mil mdp, sin ser acabado y con pendientes de infraestructura carretera y ferroviaria. Los pocos vuelos vienen de una industria temerosa de enojar al gobierno o para ganar puntos ideológicos en rutas comercialmente inviables (Venezuela).

Las 466 mil millones de razones son fuertes y fueron advertidas.

La terca sordera pudo más que ellas.