AMLO en la Suprema Corte

Entre los especialistas del comportamiento humano se dice que no hay mejor predictor del futuro que la conducta pasada. En negociación política en democracia, esa máxima se puede echar por la borda para conciliar posturas; sin embargo, para políticos más dogmáticos, las posturas son inamovibles y repetirlas es visto como signo de lealtad al líder o al proyecto. No hay margen de negociación.

En 2006, la doctora Loretta Ortiz era férrea defensora del candidato López Obrador. En ese año, ya pasadas las elecciones presidenciales, encabezó un grupo denominado Académicos Independientes por la Democracia, donde, junto con otros connotados aliados de AMLO, como Jaime Cárdenas y Alfredo Jalife, cuestionó —bajo preceptos legales poco sostenibles— la elección presidencial.

Era entonces directora del Departamento de Derecho de una universidad privada que se volvió, de facto, en las carreras de derecho, ciencias políticas y humanidades, en un centro ideológico del obradorismo.

Durante el sexenio de Felipe Calderón usó su posición académica para promover juicios ante la Corte Penal Internacional contra el expresidente por su “lucha militarizada contra el narco”. La demanda no prosperó, pero fue políticamente muy redituable para López Obrador.

Fue tan dura que, al inicio del año académico de Felipe Calderón en la Universidad de Harvard, en 2013, algunos estudiantes demandaban a la universidad rechazar su admisión, argumentando que tenía denuncias pendientes ante la Corte Penal Internacional.

Esto le ganó mayor afecto con AMLO, quien la apoyó para ser diputada federal por el PT de 2012 a 2015, en donde fue férrea defensora de las posturas nacionalistas de López Obrador en el Congreso. Su activismo la llevó a participar en bloqueos de la Cámara de Diputados para evitar que se discutiera la reforma energética de Peña Nieto. Para ello, proclamaba que aprobar esa reforma “privatizadora” sería una traición a la patria por “entregar bienes nacionales a empresas extranjeras”. Fotos de la especialista en derecho internacional durmiendo abajo el estrado de la Cámara le ganaron primeras planas en diversos periódicos.

En la más reciente campaña presidencial de 2018 y el equipo de transición, como militante de Morena, la doctora Ortiz participó como perito en derechos humanos y jefa negociadora para los diálogos de paz y reconciliación, que finalmente fueron poco efectivos. Fue postulada por el Presidente —a pesar de ser activa militante de un partido político— como parte de dos ternas para la Suprema Corte, a la cual finalmente llegó en diciembre de 2021.

Ahora, como ministra, tiene a cargo el proyecto de sentencia de una acción de inconstitucionalidad, a votarse en la Suprema Corte el 5 de abril, en contra de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica de 2021. De acuerdo con especialistas, las reformas contravienen lo dispuesto por la propia Constitución en materia energética. Distintos medios reportaron recientemente que el proyecto de sentencia de la ministra declararía como constitucionales las reformas a esta ley.

El proyecto contradice flagrantemente la Constitución. Sin embargo, aunque la Carta Magna y las leyes digan una cosa, para algunos primero está el líder y su proyecto.

La respuesta de la conducta actual se encuentra en su pasado.